En el 2023, las pérdidas de la ENEE se elevaron al 38.9 por ciento, lo que en términos contantes y sonantes, supusieron más de siete mil millones de lempiras.

Sólo al cierre del primer trimestre del año pasado, el déficit acumulado había aumentado a más de 76 mil millones de lempiras, mientras las pérdidas que la economía hondureña continuaba reportando por los constantes apagones, se cuantificaban en millones de dólares. 

La crisis se va agravando pero a nadie o a muy pocos parece interesarle la caída sin fondo de la estatal eléctrica. Del plan de rescate y de lo que en los últimos tiempos se dijo que se haría para evitar el apagón definitivo de la ENEE, ya se habla poco.

Ya pasaron dos años desde que la presidente castro anunció en su discurso de toma de posesión una profunda e inaplazable reforma al subsector energético, que pasaría por la reestructuración operativa y sostenibilidad financiera de la estatal eléctrica, pero dicha promesa en forma de compromiso terminó siendo como dicharacheramente decimos los hondureños, "más hojas que tamal". 

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El prometido plan de rescate ha seguido "durmiendo el sueño de los justos", a pesar de que toda la energía que se perdió en 2023 llegó a convertirse en la más alta de los últimos 18 años a un costo de unos 22 mil millones de lempiras.

Salvo alguno que otro logro, que frente a la magnitud de las pérdidas, apenas parecen resaltables, el promocionado plan de reestructuración del sector no termina de ser una realidad.

La situación de gravedad extrema en la que se encuentra postrada la estatal eléctrica, no da para seguir esperando más.  Es que estamos frente a lo que sería la última carta que como país tenemos para salvar la moribunda empresa pública y reflotar el sector eléctrico, aunque también es necesario decir que no debemos lanzar las campanas al viento creyendo que este plan es o será la tabla de salvación de un sector que ha sumido a honduras en la oscuridad tácita, agravada por el pésimo servicio, las pérdidas técnicas y una tarifa asfixiante para el bolsillo del abonado.

La estatal pierde anualmente unos 35 mil millones de lempiras, por lo qué la búsqueda de una solución es ahora inaplazable.

No se puede seguir dilatando la explotación de un modelo de mercado abierto, que expandiera la inversión, la generación y la transmisión, tal como lo hicieron países vecinos, y que en el mundo se convirtió en una gestión de éxito por resultados de los sectores energéticos.

Está en juego la salvación de la ENEE, pero sobre todo, el derecho de un pueblo a un servicio público de calidad, y a ver por fin, la luz al final del túnel.

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