La crisis económica, que es consecuencia directa de la pandemia, crea un escenario cada vez más caótico por el cierre de empresas, la suspensión de empleos y la falta de recursos para honrar los compromisos irrenunciables de la masa laboral.
Estas dificultades las enfrentan indistintamente los sectores público y privado, en lo que se considera un augurio que vienen tiempos peores marcados por la falta de espacios laborales, el derrumbe de las finanzas estatales, la muerte de más empresas y la precariedad socio económica de la población.
En el ámbito público, los reclamos patentes provienen de los médicos, enfermeras y personal de otras disciplinas de salud, cuyos derechos no son honrados a tiempo.
Hace solo unas horas, los microbiólogos que prestan sus servicios en los hospitales, centros de salud y laboratorios advirtieron que se irán a paro si no reciben el pago adeudado desde hace tres meses y muchos de ellos no tienen contrato.
Justo el fin de semana, especialistas y empleados de diversas áreas de los hospitales psiquiátricos se quejaron de no recibir su remuneración económica desde hace varios meses.
Hace apenas unas semanas, un grupo de facultativos y enfermeras del Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula contratados mediante el llamado Código Verde se levantaron de sus puestos, también por falta de pago.
Durante la pandemia, las protestas por el incumplimiento de los compromisos laborales por parte del Gobierno han sido un denominador común en la planta de los hospitales y de los centros de salud.
Pero igualmente, algunos segmentos de burócratas de la Administración Central y de dependencias descentralizadas y desconcentradas se han quejado porque reciben su remuneración de manera tardía.
En el ámbito privado, el ataque de la pandemia ha sido violento. Se ha llevado de encuentro a más del 40 por ciento de las pequeñas y medianas empresas. En su mayoría, estos emprendimientos no pudieron recuperar sus signos de vida y fallecieron por causa de la pandemia.
Empleados de los rubros turístico, de hoteles y de la industria maquiladora, han salido a la calle a exponer su clamor para ser reintegrados a sus plazas o, en su defecto, a solicitar que sean reconocidos todos sus beneficios económicos.
Informes oficiales dan cuenta que 250 mil contratos laborales están suspendidos; sin embargo, los empresarios e industriales consideran que las plazas que se perdieron por el confinamiento son mucho más.
Al corte de este año, los trabajos dejados en el aire pueden llegar a medio millón, con todo y los esfuerzos realizados dentro de la reapertura económica.
Complejos turísticos y hoteleros, líneas aéreas con rutas hacia Honduras, establecimientos de enseñanza más o menos consolidados, centros deportivos, empresas camaroneras y otros rubros ya cerraron sus operaciones o están en proceso de hacerlo.
Estas condiciones adversas traen aparejadas otro panorama descrito por la precariedad laboral, la desigualdad social, el crecimiento de la pobreza y las finanzas públicas atrapadas en un retroceso de al menos una década.
¿Está Honduras rumbo a la destrucción de la economía, el desaparecimiento de la clase media y, en suma, lanzado en un hoyo negro del que no podrá salir?
Por ahora no existe una política clara de rescate financiero basado en la utilización racional de los recursos y la disminución en el gasto corriente, en el robustecimiento económico y en la compensación social.
