La decisión del Supremo, emitida esta tarde, da paso a los diputados del Congreso para que decidan si las autoridades electorales pueden ser investigadas por los supuestos delitos.
El proceso se deriva de una denuncia interpuesta por el Ministerio Público (Fiscalía), hace dos meses, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
La Fiscalía asegura que el Tribunal Supremo Electoral incurrió en ilegalidades durante el proceso de adquisición del sistema de conteo preliminar de votos que fueron utilizados durante los comicios del 25 de junio y el 20 de agosto.
De acuerdo a la ley guatemalteca, el Congreso guatemalteco debe conocer por medio de una comisión pesquisidora las acusaciones contra los magistrados para analizar los delitos de los que se les acusa.
La comisión pesquisidora es una instancia compuesta por diputados, que debe analizar el caso y emitir un veredicto sobre si procede quitarles la inmunidad.
Desde el 12 de julio, la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras Argueta, sancionada desde 2021 por Estados Unidos, ha judicializado las elecciones e intentado revertir los resultados.
En octubre, miles de guatemaltecos se manifestaron de forma interrumpida para exigir la renuncia de Porras Argueta de la Fiscalía.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, acusó públicamente a Porras Argueta de encabezar un intento de “golpe de Estado” para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
Los magistrados titulares del tribunal electoral señalados por la Fiscalía son Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Arnulfo Franco, Ranulfo Rojas y Blanca Alfaro.
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