Tres mil doscientos noventa y un demandas fueron presentadas contra el Estado al cierre del primer semestre de 2020, revela un documento de la Secretaría de Finanzas denominado "Estimación de Riesgos Fiscales".
Esos datos no incluyen las acciones legales emprendidas contra los municipios, añade el informe en el que se detalla que el 56 por ciento de las demandas fueron entabladas contra la Administración Central y más de la mitad son procesos promovidos en la jurisdicción laboral.
Los procesos judiciales introducidos en cortes nacionales representan el siete por ciento del pasivo contingente; es decir, obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes que pueden ocurrir o no, ser explícitos o implícitos, reconocidos o no por el Gobierno.
Y en las cortes internacionales, las acciones legales promovidas constituyen el 3.9 por ciento de los fondos estimados como "riesgos fiscales".
Hasta junio de 2020 los pasivos contingentes por demandas judiciales en proceso, que son las que no tienen sentencia, representan el 11.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La Administración Central enfrentaba hasta junio de 2020 más de 1,500 procesos judiciales, los órganos descentralizados y desconcentrados tienen 900 acciones en su contra y las empresas públicas tanto financieras como no financieras tienen pendientes de resolver más de 800 demandas.
Otras 524 intervenciones son sentencias firmes emitidas particularmente en los ámbitos laboral, contencioso-administrativo, civil, fiscal y penal.
El informe de la Secretaría de Finanzas detalla que en el valor total estimado como pasivo contingente se han tomado en cuenta las demandas del resto del sector público que teóricamente corresponderían al estatus de "riesgos implícitos".
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