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A las puertas de lo que se puede considerar una "catástrofe sanitaria" se encuentra el país en la fase más riesgosa de la pandemia y cuando los centros de triaje están a punto de cerrar en diversas zonas del país.



Las unidades de evaluación primaria y de estabilización de pacientes infectados por el nuevo virus están a un paso de clausurar sus operaciones, debido a que se agotaron los recursos para el pago del personal.



También peligra el desplazamiento de las brigadas médicas. Sus integrantes tampoco han recibido su remuneración económica a tiempo.



Directivos de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), demandaron celeridad en el desembolso de los recursos del programa Fuerza Honduras, porque -según aducen- ya no tienen fondos para el pago al personal de salud asignado a los centros de triaje en la presente etapa crítica de la pandemia.



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Autoridades locales de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, aseguran que es imposible mantener abiertos los centros de atención de los pacientes covid, porque el Gobierno Central no ha realizado la transferencia de dinero.



En La Ceiba, en el departamento de Atlántida, los profesionales que trabajan en las unidades de evaluación primaria tienen tres meses sin recibir su salario.



En Sabá, Colón, los especialistas contratados para los centros de asistencia inmediata cumplieron tres meses sin devengar su salario. Los afectados ya se han retirado de sus plazas.



En Gracias, Lempira, el personal de salud que atiende los centros de triaje está a la espera de que su contrato sea reanudado. La Secretaría de Salud demora en la respuesta a dicho reclamo, en lo que ha sido una constante en el manejo de la emergencia epidemiológica.



Este mismo escenario está configurado en los términos de las regiones oriental, sur y occidental del país, mientras la plaga avanza sin pausa.



El caos que se vive en los centros de triaje, que -por cierto- fueron creados como respuestas a las presiones ejercidas y no por iniciativa gubernamental, tiene una repercusión directa sobre los hospitales del país, particularmente los de cobertura regional.



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El Colegio Médico ha condenado que la pandemia sea manejada de forma irregular, con falta de transparencia y erróneamente en todos sus órdenes, a la vez que sus directivos han acusado que ni al gobierno ni a los empresarios les importa el agravamiento de la contingencia epidemiológica.



El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), urgió al Gobierno fortalecer los centros de triaje, al tiempo que exigió la puesta en funcionamiento de los hospitales móviles.



Hasta el 26 de enero, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), contabilizó 3 mil 486 fallecidos, 143 mil casos positivos y más de 60 mil recuperados.



Alrededor de 1,200 pacientes infectados por el nuevo virus se encontraban hospitalizados; 360 presentaban una condición grave y 44 habían sido llevados a unidades de cuidados intensivos.