Después de que los consensos alcanzados por los partidos mayoritarios quedaron empantanados y la aprobación de la Ley Electoral fue dejada en pausa, las posturas siguen en punto muerto.
El Consejo Nacional Electoral ha convocado a comicios primarios en marzo de 2021, un proceso que ha sido catalogado por los opositores como “nulo y espurio”, además de un punto de inflexión para gestar un nuevo fraude.
Hay que agregar la controversia que se ha creado, luego que la expresidente del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, denunció que el acta de convocatoria publicada el fin de semana en La Gaceta señala que la misma fue aprobada por unanimidad, lo que es constitutivo de ilegalidad, puesto que su voto es contrario.
Esta semana los políticos, en el poder y en la rivalidad contra la actual administración, pondrán sobre la mesa cartas importantes sobre la aprobación del nuevo cuerpo normativo. Por ahora todo está echado a la suerte.
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Como se sabe, los partidos Liberal y Libertad y Refundación (Libre), se han retirado de las discusiones del cuerpo normativo en razón de lo que ellos acusan como “maniobras” de los nacionalistas para cambiar las reglas del juego y maquinar un “nuevo fraude”.
Los líderes de ambas fuerzas opositoras denunciaron que los diputados del partido en el poder pretenden ir a las justas primarias con la vieja ley electoral que permite el tráfico de credenciales y la manipulación de un censo no depurado.
El Partido Liberal mantiene su postura en contra de la aprobación de una nueva Ley Electoral si no se incluye la segunda vuelta. Las autoridades de dicha entidad también exigieron el desarrollo de comicios primarios con un nuevo censo.
En sintonía con esa línea, la Coordinación de Libre ha demandado un proceso de consulta limpio y transparente, fundamentado en un acuerdo político.
Y en el contexto de las justas generales de noviembre de 2021, se ha denunciado la supuesta intención de los nacionalistas de dejar sin valor las reformas introducidas para la distribución proporcional de la deuda política, la representación de las divisas minoritarias en las Juntas Receptoras de Votos, la distribución de credenciales y la revisión de los requisitos para que los llamados “partidos bisagras” se mantengan con vida.
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Los legisladores del Partido Nacional han desmentido que se hayan violentado los acuerdos a que habían arribado y catalogado dicho señalamiento como un “capricho” de LIBRE.
Según la interpretación de los nacionalistas, es más conveniente que las justas primarias de marzo estén regidas por la ley vigente y que el nuevo cuerpo normativo sea válido para las elecciones generales de noviembre de 2021, con el fin de que los cambios propuestos sean aprobados sin prisa y a la luz de un consenso amplio.
Los politólogos afirman que las maniobras de los partidos en estos momentos de crisis ponen en evidencia que la búsqueda del poder se ha tomado como una “mercancía” y no como una oportunidad para procurar el bien común.
Quedan formuladas las preguntas: ¿Hay una conspiración contra la democracia? ¿Todavía hay espacio para que los partidos políticos vuelvan por la ruta de los consensos en medio de la crisis económica y social que vive Honduras?
