Las posiciones alrededor de la nueva Ley Electoral en Honduras son encontradas y parecen convertirse en un caldo para una nueva controversia política, en medio de una crisis económica y social.
Los partidos emergentes se han manifestado en contra de las disposiciones contenidas en la nueva normativa que ha comenzado a ser discutida en el Poder Legislativo, porque consideran que violentan las garantías de participación ciudadana y contradicen los principios democráticos.
Y es que en la legislación se establece que será cancelada la inscripción y declarada la liquidación de aquellas fuerzas políticas que no obtengan el dos por ciento de los votos contabilizados en el nivel presidencial o si no logran la elección de al menos un diputado al Congreso Nacional.
Los criterios más incisivos los han expuesto dirigentes de divisas partidarias pequeñas, como el exaspirante y asesor gubernamental, Marvin Ponce, en cuya opinión las instituciones minoritarias “nunca han sido parásitos” y acusó: “la ventaja la han tenido los partidos grandes, porque son financiados por grupos de poder económico, organismos externos y por el narcotráfico”.
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De su lado, Salvador Nasralla, excandidato y ahora presidente del recién creado Partido Salvador de Honduras, acusó a quienes están en el poder de no respetar la voluntad del pueblo y exigió que sea incluida la segunda vuelta.
En la misma línea, el expresidenciable y fundador del Partido Alianza Democrática, Romeo Vásquez Velásquez, manifestó que la nueva normativa electoral atenta contra los derechos políticos en el país.
Los personajes que han intervenido en el consenso de la Ley Electoral sostienen juicios diferentes. Desde su perspectiva, el conjunto de disposiciones legales en materia comicial representa un paso importante para restaurar la credibilidad de los procesos de consulta y la confianza de los ciudadanos.
En esta exposición divergente de puntos de vista, también resalta un mensaje emitido por la Embajada de Estados Unidos en Honduras, en el que se pondera la discusión del cuerpo legal que contiene las reglas de la actividad política en el país.
Los ministros religiosos, de su parte, han expresado sus dudas en torno a los principios que regirán los procesos de consulta popular. El líder de la Iglesia Evangélica, Alberto Solórzano, calificó la nueva ley como “más de lo mismo”.
El miembro de la Conferencia Episcopal, Juan Ángel López, reclamó la búsqueda del bien común y rechazó la multiplicación de partidos políticos, ya que –en su parecer- esta diversidad no es sinónimo de democracia.
Las dudas en torno a la intención de los políticos afloran en la esfera de la sociedad civil. Puestos de jerarquía de dichos organismos concuerdan en que la aprobación a “matacaballo” de la nueva Ley Electoral, como parece que así es, tendrá un daño mayor para la democracia.
¿Va Honduras dirigido a una crisis política, en medio de una anarquía de tipo económica y social? La respuesta está en las manos de los políticos, a quienes se pondrá en tela de juicio en el próximo proceso de consulta popular.
