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Toda la adquisición de bienes y servicios; es decir, el gasto corriente de la Administración Central de Honduras para 2021 está calculada en 125 mil millones de lempiras.



Los entendidos en finanzas consideran que es una cantidad exagerada en tiempos difíciles cuando debería predominar la disciplina fiscal y la austeridad o ahorro de recursos.



Los sueldos y salarios representan otro de los renglones que absorberá una porción grande de los recursos el próximo año. La Administración Central gastará no menos de 55 mil millones para cubrir tales compromisos, el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).



En 2022 se prevé que ese apartado consuma 60 mil millones, en 2023 se elevaría a 65 mil millones y en 2024 tendría una carga de 70 mil millones.



Un análisis de la Secretaría de Finanzas indica que en los últimos años la política salarial ha sido muy efectiva, ya que se ha evitado que este renglón presupuestario genere distorsiones en el nivel de déficit fiscal.



En ese sentido, la política salarial continuará siendo congruente con el nivel de recaudación de los ingresos, bajo una programación que evite los déficits presupuestarios y regule el flujo de caja.



Agrega el documento que se tendrá como meta para el año 2021 una masa salarial de la Administración Central respecto al Producto Interno Bruto de ocho por ciento como nivel máximo.



En vista de la grave crisis financiera, para el ejercicio fiscal 2021 se ha determinado la prohibición de incrementos salariales financiados con recursos del Tesoro Nacional.



En los casos de los Contratos Colectivos de Trabajo, estos se cumplirán siempre que la institución demuestre que cuenta con la capacidad financiera de recursos propios para hacer frente a estos compromisos, aplicará el nivel de inflación que se registre al cierre del ejercicio fiscal 2020.



Asimismo, se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la norma de ejecución presupuestaria vigente para el 2021 en lo que compete a una igualdad salarial entre hombres y mujeres, por igual trabajo igual remuneración.



Los analistas han urgido una revisión de la política salarial a la luz del principio de equidad y uso racional de los recursos del Estado. En plena crisis todavía no se ha tomado ninguna medida para disminuir los salarios estratosféricos devengados por un grupo de 25 altos funcionarios; tampoco se ha planteado la disminución de la masa salarial ni el adelgazamiento del aparato gubernamental.



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