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Honduras ha entrado a un debate al denunciar el convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esta acción, impulsada desde el poder ejecutivo, ha generado una considerable discusión legal y política sobre el procedimiento adecuado para retirarse de un tratado internacional.



La controversia principal radica en la forma en que se ha manejado la salida. El gobierno procedió con la denuncia del convenio sin que mediara un decreto legislativo que derogara la aprobación original del tratado. 



El decreto 41-88, mediante el cual Honduras aprobó su adhesión al CIADI en su momento, sigue técnicamente vigente. Para muchos expertos en derecho constitucional y tratados internacionales, la denuncia por sí sola desde el ejecutivo podría no ser suficiente sin la derogación legislativa correspondiente.



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<h2>Honduras y el CIADI</h2>



El debate se intensifica debido a la falta de precedentes claros. Honduras no tiene un historial amplio de denuncia de tratados internacionales. 



El único caso comparable que se suele citar es la denuncia del convenio del ALBA durante el gobierno de Roberto Micheletti. En aquella ocasión, el proceso fue distinto: primero hubo un decreto del Congreso Nacional derogando el tratado y solo después el Poder Ejecutivo procedió con la denuncia formal. 



Este precedente sugiere que la ruta actual, exclusivamente ejecutiva, podría ser objeto de impugnaciones.



El trasfondo de esta decisión es complejo. Se reporta que existen numerosas demandas interpuestas por empresas contra el Estado hondureño ante el CIADI.



 Ante la denuncia del convenio, algunas de estas empresas estarían buscando negociar con el gobierno. 



La situación ha puesto de manifiesto la necesidad de que la población esté mejor informada sobre las implicaciones del CIADI y el manejo de estas disputas internacionales.



En este contexto, la experiencia previa en arbitrajes internacionales es relevante. El abogado de litigio y arbitraje, Javier Briceño, ha comentado:



“Veinte demandas, solo que en un plazo muy largo de tiempo, pero de esas termino ganando 18 casos; el Estado dejaba pasar aquellos casos que ellos sabían que tenían la razón”.



Esta declaración subraya la importancia de una defensa legal robusta y la necesidad de transparencia en los procesos de inversión. 



Mientras la nación navega estas aguas legales inexploradas, la forma en que se resuelva el debate sobre la denuncia del CIADI tendrá consecuencias duraderas para la seguridad jurídica del país y su relación con los inversionistas extranjeros.



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Honduras y el CIADI: un camino incierto entre la denuncia ejecutiva y el debate legal