Pero hoy día tenemos un escenario semejante. Desde las entrañas del Ejecutivo y de la Coordinación de Libre, son emanadas las directrices para el manejo de una agenda legislativa segmentada.
Los líderes y los portavoces a sueldo del Ejecutivo, así como los representantes del partido en el poder en el Congreso Nacional, se arropan en el discurso gastado del desmontaje de la dictadura de los 12 años anteriores.
En el Poder Legislativo de nuestro país se gestan los mismos arreglos del pasado reciente. Nos remontamos a inicios del año anterior, cuando se les concedió amnistía a supuestos mártires políticos señalados por delitos de corrupción.
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Por cálculo político también se ha entorpecido la eliminación de ciertas leyes que promueven la corrupción y se ha detenido la aprobación de algunas normativas encaminadas a facilitar la llegada, instalación y operación de la CICIH en la lucha contra la impunidad en el país.
Es también de vasto conocimiento que la creación de un esquema de consulta popular como parte del proyecto mayúsculo de una Asamblea Nacional Constituyente, es la consigna que persiguen los diputados de Libre en la Cámara Legislativa.
Tampoco se da por descontada la aprobación, por medio de astucias tramposas o de mala intención, de las reformas a la Ley de Defensa y de Seguridad Nacional y de la propuesta de un régimen de extradición pensado para determinar con toda discrecionalidad qué hondureños serían entregados a la justicia de Estados Unidos y quiénes quedarían blindados de la justicia de aquel país.
Es abundante la evidencia de que en el Congreso Nacional se mueven los hilos de una agenda de tinte ideológico-partidarista. El ejemplo más reciente es el tratamiento populista que se ha dado a proyectos de reforma en materia laboral que han sido introducidos semanas atrás.
Justo la semana pasada, diputados de la oposición dieron a luz al Frente Parlamentario en defensa de la democracia, de la pluralidad y de la gobernabilidad en el Congreso Nacional.
La legalidad y la legitimidad del Poder Legislativo están en predicado. Hay que recuperar la verdadera esencia de las atribuciones de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes existentes con inclusión, altura de miras y deliberación en su más genuina expresión.
La injerencia en los Poderes del Estado contamina la democracia y abre las puertas al absolutismo, a la corrupción y a la falta de independencia y equilibrio en la gestión pública. La lucha en Honduras debe ir encaminada, entonces, al rescate del principio de separación y complementariedad de los Poderes del Estado, incluidas la legitimidad y gobernabilidad en el quehacer legislativo que ahora mismo están en entredicho.
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