Estas relaciones porcentuales que hemos tomado de los informes de organismos externos, reflejan la aciaga experiencia que vive la mayoría de la población hondureña que resiente cómo se derrumba su poder adquisitivo por la ausencia de fuentes de trabajo y la falta de un esfuerzo gubernamental unificado y coherente para responder a sus necesidades.
La economía de los hondureños se encuentra literalmente devastada, el derecho de la población a la alimentación diaria está violentado y, en general, la búsqueda legítima del bienestar común es un principio que ha sido abandonado.
Quienes gobiernan el país y quienes se han desempeñado en tales funciones en el pasado, han estado encerrados en una visión de corto plazo frente a la actual problemática y han permanecido abstraídos en planteamientos que no permiten atender las demandas de la población con integralidad.
Tenemos un escenario agravado por la baja productividad y la inseguridad alimentaria, además de un entorno que está marcado por la narrativa gubernamental que propone un modelo económico insertado en el socialismo democrático.
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La mayoría de hondureños vive en condiciones muy similares a sus prójimos de países donde se proclama el socialismo como la puerta al progreso, pero que –en el terreno de la realidad- sólo ha reproducido el círculo de la demagogia, la pobreza, la miseria y el subdesarrollo.
Cuando revisamos los indicadores las naciones que siguen la línea del régimen socialista -Cuba y Venezuela, por ejemplo- podemos hacer una comparación entre lo que sucede allá y la prédica de la “refundación de Honduras”.
En la isla caribeña, el pan escasea y el precio de los combustibles, los servicios públicos y el agua se han elevado hasta en un 400 por ciento como parte de un plan de reajuste económico.
No es distinto lo que sucede en Venezuela, la tierra del “chavismo”, donde son profundas las causas del hambre y de la desnutrición que afecta al 82 por ciento de los nacionales de aquel país sudamericano.
Honduras figura como un país donde la mayoría de la población se encuentra en fragilidad, porque no existe garantía de acceso a alimentos y a servicios esenciales, ni oportunidades de trabajo.
Y en lugar de profundizar el Estado de Derecho, el desarrollo económico y social, lo que se pregona es el extremismo ideológico y la teoría del socialismo democrático.
Es una obligación que las autoridades de turno encuentren el equilibrio entre la actividad productiva para el desarrollo, la creación de más fuentes de ingresos y la atracción de inversión.
Sólo así, podremos romper el proceso de estancamiento productivo, inseguridad alimentaria, más pobreza, miseria y mayores carencias entre nuestra población.
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