Las tomas emprendidas por algunos sectores alineados con dirigentes campesinos y sindicales del Instituto Nacional Agrario (INA), son el producto de una serie de situaciones torcidas y entremezcladas.
Como es de conocimiento, las acciones de protesta que llevan a cabo asociaciones de labriegos y líderes obreros están encaminadas a pedir la cabeza del director de la entidad, Ramón Lara.
De acuerdo con informes conocidos por HRN, se trata de un movimiento alimentado por ocho entidades de campesinos que le han declarado la guerra a la Dirección del Instituto Nacional Agrario.
Los desacuerdos más profundos los protagonizan algunos dirigentes de muchas organizaciones campesinas, a quienes la contraparte ah acusado de ser abanderados de intereses creados.
Según lo conocido por HRN, la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), atraviesa por un conflicto interno creado por el antagonismo entre sus principales líderes Antonio Mejía, actual presidente de la agrupación y Randolfo Osorio, quien -de igual forma- reclama la legítima representación.
Se ha establecido que la ANACH ha intensificado sus acciones en contra de la actual administración del INA, en razón de que no han sido atendidas sus pretensiones de acceder a la titulación en tierras que están bajo la responsabilidad de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI), y en áreas protegidas del Parque Jeanneth Kawas, en Atlántida.
El motivo de fondo de la controversia de la que forma parte la ANACH es, en esencia, económico. La Voz de Honduras ha conocido que los abultados fondos que reciben los dirigentes de la ANACH no tienen un destino transparente.
De conformidad con lo que ha trascendido, la referida entidad gremial recibe de parte de INA un millón cien mil lempiras que tendrían que ir orientados a la ejecución de proyectos de apoyo, asistencia y capacitación de los grupos campesinos.
En este pliego de señalamientos se ha involucrado a Obdulio Fuentes, representante de órganos campesinos, de quien se ha afirmado tiene varios reparos, en tanto la Dirección del INA ha solicitado la práctica de una auditoria al Tribunal Superior de Cuentas.
Todo indica que el titular de la institución, Ramón Lara, también enfrenta serias divergencias con el subdirector, Darwin Cálix, acusado de promover los paros que tienen lugar en la sede de INA en Tegucigalpa, con el supuesto propósito de pescar en "río revuelto" y obtener acceso a recursos a "manos llenas".
Datos que se han hecho trascender apuntan, igualmente, que en el INA y en algunas otras organizaciones que tienen injerencia en el asunto de la reforma agraria se ha desatado un apetito insano por el manejo y apropiación de fondos.
Se sabe, incluso, que los planes que se presume son gestados con la finalidad de crear ingobernabilidad y desestabilización en el Instituto Nacional Agrario, tienen otras conexiones complejas, a través de programas agrícolas que son desarrollados de manera paralela.
Los intereses económicos, los choques intestinos entre organizaciones campesinas, los empeños de terratenientes, así como la disputa de funciones, desembocan en la actual situación caótica por la que atraviesa el INA.
