Salieron a relucir los nombres de los expresidentes Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa, de quienes uno de los testigos del Gobierno de Estados Unidos afirmó que recibieron fondos malhabidos para financiar sus campañas.
Las confesiones de los narcotraficantes, contadas frente al jurado, son escalofriantes historias que calan en el colectivo nacional. ¡Cómo no, si muestran la imagen de un país que se transformó en un narco-Estado o en proceso de consolidarse como tal!
No vamos a encerrarnos en una discusión sobre si son ciertas o no las supuestas teorías de conspiración que el exmandatario Hernández sostiene que se construyeron en su contra por odio y por venganza de los criminales. Resultaría infértil.
En definitiva, el jurado designado por la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos es el que tiene en sus manos emitir un veredicto de inocencia o de culpabilidad por cargos de narcotráfico de quien detentó el poder de la nación por casi una década.
Lo de fondo es que nuestro país ha sido y es escenario de las actividades del crimen organizado. Esto es una vergüenza a la que nos han llevado muchos de nuestros líderes políticos que han caído en las ambiciones desmedidas, en la carrera por el ejercicio del poder absoluto, en las redes de la corrupción y de la impunidad, y en las tentaciones de los capitales malhabidos.
La clase política de la nación está corrompida; nuestras entidades partidarias han sido infiltradas por las redes delictivas; la institucionalidad, basada en la independencia de los Poderes del Estado, fue llevada a su mínima expresión; y el Estado de Derecho se encuentra prostituido.
Es una desdicha para Honduras el debilitamiento de nuestro Poder Judicial, la inacción del Ministerio Público, la ineficacia del Tribunal Superior de Cuentas y la podredumbre en que ha estado atrapada la Policía Nacional.
¡Claro que hay una conspiración para derrumbar los cimientos del Estado de Derecho, poner en riesgo la existencia de Honduras como República y para atentar contra la preservación de la democracia!
¿Está Honduras está sostenido en un Poder Ejecutivo ideologizado; en un Congreso Nacional que se convirtió en un serpentario donde no pueden convivir las fuerzas políticas; y en una Corte Suprema de Justicia que se ha contaminado por el autoritarismo y la arbitraria impartición de las leyes?
Honduras está cayendo en un vacío de legitimidad y de poder. Es hora de reflexionar y de actuar, porque solamente hay dos caminos: Reconstruir la estructura institucional, depurar nuestros partidos políticos y reivindicar nuestro aparato de justicia o, por el contrario, seguir como estamos.
Nuestro país no puede seguir siendo considerado como un narco-Estado.
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