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Después que la justicia de Estados Unidos ha sentenciado a cadena perpetua a Antonio Hernández, hermano del mandatario Juan Orlando Hernández, quedan escritas muchas líneas de interpretación y análisis.



Estados Unidos ha enviado un mensaje claro de no tolerancia ante la conspiración para introducir drogas en su territorio, en el contexto de dos objetivos centrales: Combatir el narcotráfico y librar una batalla más frontal contra la corrupción y la impunidad en los países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras.



Fuentes ligadas con la Agencia Antinarcóticos (DEA) han declarado que la condena y sentencia contra "Tony" Hernández es un recordatorio de que "no existe una posición lo suficientemente poderosa para proteger a estos personajes de enfrentar a la justicia de Estados Unidos.



La condena del hermano del presidente hondureño refleja que "el narcotráfico está muy cercano a la política" en este país, han señalado funcionarios internacionales que conocen muy de cerca la realidad nacional como es el caso de Juan Jiménez Mayor, un abogado y exministro peruano de Justicia que encabezó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH entre 2016 y 2018).



A juicio de Jiménez Mayor, "Honduras se convertirá en la peor crisis de la penetración del narcotráfico en la política en toda América Latina".



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En el patio interno, reputados profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales como el ex fiscal general, Edmundo Orellana, han expresado que la condena contra el exlegislador hondureño y pariente cercano del titular del Poder Ejecutivo es también una "sentencia bochornosa" contra la justicia hondureña.



<h2>Reacciones</h2>



El Consejo Nacional Anticorrupción se ha pronunciado en los términos que "es una verdadera desgracia que sea el sistema de justicia estadounidense el que imponga el castigo merecido a aquellos malos hondureños que se aliaron para delinquir, sembrar terror y derramar sangre en nuestro suelo".



En un comunicado, ese organismo de sociedad civil ha subrayado que "la condena contra Tony Hernández es la muestra más clara de lo profundo que ha llegado el narcotráfico a las esferas de poder en el país en un ambiente de latrocinio y corrupción".



Políticos de la oposición han recriminado enérgicamente: “No es posible que fiscales, jueces, magistrados, hayan permitido la intromisión del narcotráfico en el interior de las instituciones y en el ejercicio del poder".



Al mismo tiempo, han deplorado que "no se puede esperar justicia para Honduras con los actuales actores que son parte de esta estructura criminal que tiene secuestrado el poder para saquear el país y sus recursos además de facilitar el tráfico, producción y envío de drogas a Estados Unidos y otras partes del mundo".



Sociólogos que han conversado con HRN, han realizado una lectura muy semejante de los hechos y destacado que “la gente emigra del país prácticamente expulsados buscando el sueño americano, porque los gobiernos están más preocupados en hacerle los mandados a los narcotraficantes con los que están aliados”.



Los análisis que se derivan de la sentencia contra Tony Hernández son polarizados, pero en lo que hay concordancia es que Honduras ha salido a relucir en el concierto mundial como un país contaminado por la corrupción, la impunidad y las actividades del crimen organizado.



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Justicia hondureña con la asignatura pendiente de desentrañar infiltración de narcotráfico en la política, tras condena de Tony Hernández en Estados Unidos