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Lo que pasa en el Poder Judicial de Honduras es mucho más serio que lo que talvés, mediáticamente, trasciende o se maneja; mucho más delicado que la mera disidencia y rebeldía de varios magistrados del máximo tribunal del país. 



Se trata de lo que siempre se ha temido, y sobre lo que nuestra democracia, gobernabilidad y el Estado de derecho, han pagado una carísima factura. 



Las consecuencias de la condenable injerencia político partidista en el motor mismo de la maquinaria de impartición de justicia y de desbaratamiento del entramado de impunidad y corrupción pública y privada de Honduras.



No es poca cosa frente a lo que como país estamos. Los políticos, lamentablemente, terminaron decidiendo por las instituciones de cuyo funcionamiento e independencia, como es el Poder Judicial, depende nuestro estado de derecho, y todavía más, los innegociables y eternos valores de una sociedad como lo son, entre otros, la libertad, la honestidad, el respeto y la tolerancia. 



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De ahí, que lo hoy sigue pasando en la Corte Suprema de Justicia no hay que verlo como sólo una diferencia de criterios entre operadores de justicia, o de formas que chocan en el manejo de la gestión de impartir justicia. 



Por eso es que es un tema delicado, imposible de soslayar, y de solamente abordarlo una vez y ya. En Honduras, la politización de la justicia ha sido un tema recurrente, por lo que en HRN es, ha sido y seguirá siendo un asunto de permanente discusión y abordaje en nuestra agenda de país.



La injerencia partidista en la justicia es mucho más grave de lo que quizás todavía solo dimensionamos desde una mera aproximación, a evaluar. 



De ahí que siempre nos mantuviéramos alertas y en vela con el proceso de nominación y escogencia de los candidatos propuestos a conformar el máximo tribunal de justicia del país; de un&nbsp; proceso, que, por encima de todo, ponderara la meritocracia, la idoneidad y la probidad, descansaba la consolidación del estado de derecho.



La conformación del máximo tribunal de justicia ponía en juego mucho: la&nbsp; independencia de poderes, deslindar la justicia de la política, o la misma independencia de los magistrados y jueces. 



Ese ha sido casi que nuestro clamor como sociedad. Un sistema de impartición de justicia que nos garantizara, por fin,&nbsp; las condiciones y procedimientos constitucionales y legales, descontaminados de la matrícula sectaria partidista. Nunca, la buena justicia, puede estar en connivencia con los partidos políticos.



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Y los jueces que terminaron alcanzando esas posiciones por puras presiones de los políticos, lejos de convertirse en los guardianes de la Constitución y las leyes, terminaron siendo prácticamente alfiles del ajedrez partidista en el que se convirtió en Honduras la selección y escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 



Se perdió así el principio fundamental de mantener una democracia efectiva y el debido respeto por el Estado de derecho, con jueces que en lugar de ser independientes y ejercer sus funciones sin ataduras, siguen siendo propuestos, promovidos e impuestos por los partidos políticos.



La sociedad hondureña ha tenido que pagar un altísimo precio por esa interferencia de un poder del estado sobre el otro, como ha pasado con la injerencia del ejecutivo sobre los demás, y bajo la forma de acciones directas que invadieron en este caso, el ámbito judicial. Esa es la erosión que nos sigue pasando factura.



La independencia del poder judicial está en una franca precariedad, y su imparcialidad e integridad, vulnerada.&nbsp;



Como la vimos ahora, nos queda aún un largo camino por recorrer para llegar a tener un sistema judicial, con jueces independiente e imparciales, capaces de no tomar partido en el ámbito político y de funcionar como instrumento al servicio de los derechos de los ciudadanos y de las leyes fundamentales y constitucionales.



No hay que perder de vista que solo un sistema judicial independiente e imparcial, garantizará democracia, gobernabilidad, paz social y estado de derecho.



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