De acuerdo con el Servicio de Administración de Rentas, la economía informal equivale a cerca del 44% del PIB hondureño; traducido en producción, esto equivale a más de 300 mil millones de Lempiras. Agravando el escenario, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Hondureño de Seguridad Social revelan que el 74% de los trabajadores, más de 2.6 millones de hondureños, operan en la informalidad, es decir, laboran en ambientes precarios, excluidos de derechos laborales esenciales.
Una razón evidente para este panorama es la escasez de oportunidades de empleo en el sector formal. Datos de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Estadística indican que, en promedio, los ingresos en el sector informal son apenas la mitad de lo que se percibe en el ámbito formal. Esto, inevitablemente, perpetúa la pobreza, ya que los salarios informales rara vez cubren las necesidades básicas. Adicionalmente, la carga fiscal y la burocracia asociada a la formalización desaniman a muchos, llevándolos a optar por la informalidad para eludir estos obstáculos.
La corrupción, ineficientes servicios públicos, la excesiva burocracia y la insuficiente accesibilidad a la educación y formación profesional se erigen como barreras institucionales que obstaculizan la transición hacia la economía formal. Estos elementos no solo incrementan los costos operativos, sino que también crean incertidumbre entre empresarios e inversionistas.
Por otro lado, no podemos pasar por alto los factores culturales de este problema. En muchas comunidades, la tradición del trabajo informal es una norma arraigada. La desconfianza generalizada hacia las instituciones, producto de experiencias corruptas y opacas, fomenta la evasión de la formalidad. Sumado a esto, la carencia de información y educación sobre derechos laborales perpetúa la vulnerabilidad de los trabajadores informales.
Para reconducir esta situación, es necesario concentrar esfuerzos en mitigar la economía informal. Este no es un simple ejercicio económico; se trata de elevar la calidad de vida de los hondureños, nivelar el campo de juego para las empresas y robustecer las finanzas nacionales. Esto puede lograrse mediante inversiones en infraestructura, simplificación de procesos administrativos, políticas que fomenten la inversión nacional y mejoras en los bienes y servicios públicos. En resumen, requiere el compromiso colectivo de todos los hondureños para transformar esta arraigada cultura de informalidad.
