Las proyecciones apuntan que unos cinco mil pequeños y medianos negocios estarían en riesgo de desaparecer o emigrar a la economía informal si el proyecto para eliminar los incentivos fiscales es puesto en vigor tal como fue remitido por el Ejecutivo, sin la introducción de ajustes o reformas planteadas por distintos sectores.
Directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), y representantes del sector de los emprendedores son de la opinión que las mipymes viven un "infierno" por los altos costos de producción y las pesadas obligaciones tributarias que deben pagar.
Estas unidades productivas también son presionadas por una carga social bastante significativa que incluye una abultada factura de energía eléctrica y el pago de un salario mínimo que es el más alto de la región centroamericana.
Uno de los puntos que diversos sectores han marcado es que la Ley de Justicia Tributaria traería el riesgo de acelerar la muerte de las pymes, en caso de que no se coloquen en una balanza sus efectos.
La nueva legislación deja sin vigencia algunos regímenes fiscales y crea dos, cuyas implicaciones todavía no han sido explicadas, sostienen estudiosos del tema fiscal y tributario, más allá de la socialización del proyecto, a cargo de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional.
El sector de las Pymes fue uno de los más deprimidos por la emergencia sanitaria y por el paso de las tormentas Eta y Iota en 2020.
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Por esas eventualidades no menos de 400,000 pymes tuvieron que "salir del negocio". Unas cerraron, porque no pudieron sostenerse; otras, emigraron a rubros distintos; y muy pocas encontraron algunas opciones para recuperarse en los años posteriores.
Algunos estudios levantados para medir el impacto de la pandemia y de los fenómenos naturales que cayeron como "plomo" sobre los emprendimientos, cifran en 700,000 espacios de trabajo los que fueron cerrados o suspendidos, porque sucumbieron miles de empresas de la economía formal.
Los datos procesados por la Federación Hondureña de las mipymes subrayan que el 75 por ciento de los empleos en el país (siete de cada diez), son puestos en el mercado por los negocios de pequeña y mediana escala.
Esto significa que un millón y medio de personas tienen una plaza laboral en los micro, pequeños y medianos negocios, pero se calcula que menos de medio millón reciben el salario mínimo por la falta de capacidad de los empleadores para cumplir con esa obligación.
Sigue siendo una deuda de las autoridades gubernamentales la construcción de una política que esté enfocada en incentivar la creación, desarrollo y permanencia en la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La Ley de Justicia Tributaria es observada con incertidumbre, en razón de sus efectos sobre un sector que, en el caso de las Pymes, mueve la economía y que es la fuente de generación de empleos en Honduras.
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