Como ya es conocido, una ley sancionada por Estados Unidos incluye castigo para los corruptos de Honduras y de los otros países que forman parte del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala y El Salvador.
La iniciativa forma parte del paquete económico que fue aprobado por la nación del norte para la reactivación de las economías del área, severamente debilitadas por la pandemia covid-19.
Se trata de la “Lista Engel” que incluirá los nombres de los funcionarios involucrados en hechos deshonestos en Honduras, Guatemala y El Salvador.
La idea es que sean redoblados los esfuerzos para apoyar una Centroamérica más segura, democrática y próspera, requisitos indispensables para el progreso sostenido de Honduras y sus vecinos.
Los ejes de la llamada “Lista Engel” son: El apoyo a los esfuerzos anticorrupción a través de asistencia bilateral, la puesta en marcha de mecanismos multilaterales de transparencia, el fomento a la gobernanza y el robustecimiento de las leyes de acceso a la información.
El tema ha estado latente en la mesa de discusiones. En 2019 el Departamento de Estado divulgó una lista de funcionarios deshonestos de varios gobiernos de Centroamérica que, en su momento, se le conoció como “Ley Magnistsky”.
En aquella oportunidad, el Congreso de Estados Unidos dijo que la nómina había sido adoptada de la Ley de Corrupción Final en el Triángulo Norte y funcionarios legislativos demandaron que se incluyeran personajes relacionados con el narcotráfico y la corrupción.
Representantes de los industriales y asociaciones civiles afirman que para nadie es un secreto que en Honduras hay mucha corrupción y esto explica por qué Estados Unidos ha aumentado los controles para evitar que sus recursos de asistencia terminen en los bolsillos de los “oportunistas”y “avaros” involucrados en el socavamiento de las instituciones democráticas.
Si Honduras aspira a recibir el apoyo de la comunidad internacional, en especial de la potencia del norte para su plan de reconstrucción, entonces debe cumplir las reglas de la rendición de cuentas, subrayan directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Para los coordinadores de órganos que bregan a favor de la transparencia, es una oportunidad para combatir la corrupción y fortalecer la democracia de Honduras, donde -según su criterio- las redes de la deshonestidad echaron raíces profundas.
Los principales referentes de opinión pública en Honduras están convencidos de que la corrupción es el principal tropiezo para el desarrollo del país.
La mayoría de los estudios calculan que las pérdidas por los actos de deshonestidad les cuestan a los hondureños unos 65,000 millones de lempiras anuales.
Con oportunidad de la pandemia y de los eventos climáticos, los órganos anticorrupción han demandado que se dé a conocer un informe claro sobre el gigantesco monto de entre 80 mil y 100 mil millones de lempiras que fueron aprobados para dar respuesta a la urgencia de salud, pero cuyo destino se desconoce.
La percepción general de la población es que son recursos a los que se dio una ruta desviada, en lo que se cataloga como un aborrecible capítulo de corrupción en tiempos de crisis acentuada por el covid y por los eventos meteorológicos.
Los mismos órganos de financiamiento externo, los empresarios y los industriales son del parecer que Honduras tendrá que rendir cuentas cabales y presentar un plan creíble de transparencia si persigue el objetivo de acceder a un importante flujo de dinero para la reconstrucción del país.
