Seis empleados de una casa hogar en Villanueva, Cortés, se defenderán en libertad tras ser acusados de presunto maltrato a ocho menores de edad que se encontraban bajo su cuidado y la audiencia inicial en su contra será el 28 de junio de 2024.

Los acusados son Altagracia Cruz Velásquez, Deisy Leticia López Martínez, José Yobany Rivera Baca, Ana María Borjas Dubón, Marco Antonio Villanueva Rodríguez y Cristian Joel Muñoz Menjívar comparecieron el 13 de junio ante el Juzgado de Letras de lo Penal en Villanueva para la audiencia de declaración de imputado.

Según el Ministerio Público (MP), este viernes el juzgado les dictó medidas distintas a la detención judicial.

La acusación

Los seis empleados enfrentan cargos por el delito de explotación en condición de esclavitud o servidumbre, en perjuicio de los menores que supuestamente eran obligados a realizar trabajos propios de una persona adulta.

De tal modo, la investigación, liderada por la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), indica que los menores también eran sometidos a vejámenes por no cumplir con las exigencias impuestas.

Durante la audiencia de imputado, se informó a los acusados sobre el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público. Los acusados negaron las imputaciones y presentaron su testimonio ante el juez, quien decidió citar a las partes para la audiencia inicial programada para el 28 de junio.

En dicha audiencia se determinará si las acusaciones se sustentan y cuáles serán las medidas a seguir. Mientras tanto, los seis empleados se encuentran bajo medidas distintas a la detención judicial.

Investigación en curso

La casa hogar en cuestión ha sido objeto de escrutinio público y se encuentra bajo una investigación exhaustiva por parte de las autoridades por las denuncias de presunto maltrato contra los menores en ella refugiados.

Asimismo, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil han manifestado su preocupación por el bienestar de los menores afectados y han exigido una revisión exhaustiva de las prácticas y condiciones en las que operan las instituciones de cuidado de menores en el país.