"Es necesario que Honduras apruebe la Ley de Justicia Tributaria antes de 2024. El país ya es un paraíso fiscal; lo que falta es que sea declarado oficialmente como tal", afirmó el titular del SAR, Marlon Ochoa, a lo que Pedro Barquero, extitular de Desarrollo Económico, indicó que ese "no es un requisito indispensable".
La mencionada ley, que ha sido socializada desde el Ejecutivo al Congreso Nacional, busca promover las inversiones públicas, privadas y mixtas como mecanismo para generar empleo, erradicar la pobreza y contener la migración, según datos del SAR.
Ochoa explicó que un paraíso fiscal se refiere a cuando un empresario desarrolla su actividad en un país y, para eludir el pago de impuestos, oculta sus ganancias en países con bajas tasas de tributación.
En consecuencia, el funcionario alertó que si Honduras es declarado paraíso fiscal, podría recibir sanciones de acceso a crédito por parte de organismos internacionales.
"En enero de 2022 pudimos ver una carta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde se le advirtió al gobierno anterior que, de no derogar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Honduras podría ser declarada paraíso fiscal. Es necesario aprobar la ley", añadió.
Por otro lado, el exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, respondió a lo dicho por Ochoa y dejó claro que la Ley de Justicia Tributaria no es un requisito indispensable para que Honduras sea declarado paraíso fiscal.
"No es indispensable aprobar la ley que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional porque el objetivo es implementar medidas de políticas públicas que aseguren el tributo correspondiente. La Ley de Justicia Tributaria tiene otros elementos que pueden ser perjudiciales para el pueblo hondureño", dijo Barquero.
En este sentido, Barquero manifestó su oposición a la ley, ya que considera que podría ser contraproducente para el país, alejando la inversión extranjera. Sugirió un control en los regímenes y la identificación de posibles abusos, además de la creación de un decreto sobre la ley en lugar de su aprobación.
"La ley afectaría al país. Cuando el tema tributario es tratado políticamente, la inversión es ahuyentada", dijo Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio de Industria de Cortés (CCIC) sobre lo dicho por Ochoa.
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