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El gasto tributario de Honduras; es decir, el monto que no ingresa en las arcas a causa de los incentivos y beneficios fiscales, fue de 46 mil 100 millones de lempiras.



La suma por tales sacrificios han ido en ascenso. En su informe denominado "Ilusionismo Económico y Covid-19", el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) resalta que en 2017 el gasto tributario alcanzó 37 mil millones de lempiras y en 2018 subió a 40 mil millones.



En 2019 la concesión de prebendas fiscales se cuantificó en 42 mil 800 millones de lempiras y el año recién pasado tocó la línea de 46 mil 100 millones, el 7 por ciento del Producto Interno Bruto.



El crecimiento en el mencionado período ha sido de alrededor de 10 mil millones de lempiras que equivalen a un movimiento desde el 16.1 a 16.3 del Presupuesto General de la República.



Los economistas del Fosdeh reprochan que las políticas públicas están encaminadas a consolidar un modelo económico "de enclave", a través de sectores como energía, manufactura y minería, que requiere de mayores incentivos fiscales y de una mano de obra barata.



Los análisis realizados sobre este tema, revelan que en 2020 los sectores de la energía y la manufactura concentraron el 34 por ciento, más de la tercera parte, de todas las exoneraciones otorgadas en el mencionado período.



Paradójicamente, estos beneficios no guardan relación directa con los propósitos de impulsar el aparato productivo, darle un giro a la dinámica económica, potenciar la competitividad y mejorar las condiciones de vida de la generalidad de los hondureños.



Las propias evaluaciones de organismos de la sociedad civil y de estudiosos de las finanzas concluyen que Honduras es uno de los dos países del área centroamericana con el menor porcentaje de su población al servicio de energía eléctrica.



Por otra parte, el acceso a la educación -que es vital para el desarrollo del país- entró en un proceso de deterioro con motivo de la pandemia y de los fenómenos climáticos. Los expertos han señalado que el país ha retrocedido no menos de una década en la cobertura, calidad y otros indicadores de la enseñanza-aprendizaje.



La pobreza se profundizó. Tres de cada cuatro personas entraron en esa categoría, como derivación de la pérdida o suspensión de no menos de medio millón de empleos, el cierre del cuarenta por ciento de las empresas y el desplome de la capacidad adquisitiva de las mayorías.



Dos mil veintiuno se observa como un año de difícil manejo en todos los ámbitos, particularmente por el desbalance entre las finanzas, la macroeconomía y las políticas públicas a causa de la corrupción y la ineficacia del Gobierno para la procura del bienestar común y la justicia socio-económica.



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