El Ministerio Público solicitó la privación de dominio de varios bienes que son propiedad de la supuesta estructura criminal "los Pinto".
Se trata de 15 casas y terrenos, seis vehículos, 26 productos financieros, tres armas de fuego, dinero en efectivo, menaje y mercadería, que formarían parte de los bienes que las autoridades han logrado identificar.
Además seis sociedades mercantiles que son: Inversiones Zepeda Castellanos, Inversiones MZ, Comercializadora y Exportadora MAYA, Daltur, Martas dress party, y Pollo Pepe).
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— Noticieros Hoy Mismo (@HoyMismoTSI) October 28, 2022
La sociedad de "los Pinto" está conformada por Martha Lidia Zepeda Castellanos y Daniel Álvarez Turcios, quienes supuestamente habrían obtenido bienes de manera ilícita, mantenían un vinculo sentimental y fueron detenidos en febrero de 2021.
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La pareja fue detenida en el departamento de Choluteca, zona sur de Honduras, habían sido acusados por los delitos de lavado de activos y tenencia ilegal de armas comerciales.
La pareja no había recibido algún tipo de pena por los delitos de lavado de activos, debido a que en 2021 el Congreso Nacional había hecho reformas en la Ley Contra Lavado de Activos y emitieran un fallo absolutorio a favor de la pareja, siendo juzgado únicamente Daniel Turcios por tenencia ilegal de armas.
La sociedad es acusada por blanquear 49.4 millones de lempiras.
Por lo que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico acredita a Martha Lidia Zepeda, implicada en adquirir bienes inmuebles, muebles, acciones de sociedades mercantiles y beneficiaria de remeses que le produjeron un incremento de su patrimonio de más de 35 millones de lempiras.
Mientras que Daniel Álvarez Turcios, se le acusa de haber adquirido injustificadamente, muebles, inmuebles, acciones de sociedades mercantiles y se benefició con remesas por mas de 13 millones de lempiras.
Cabe mencionar que los bienes mencionados (que ahora son objeto de privación de dominio) se localizan en la zona sur del país.
El Ministerio Público por las razones anteriores presentó acción frente al juzgado de privación de dominio a fin de preservar la disponibilidad de los activos mientras el proceso culmine en una sentencia a favor del Estado de Honduras.
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