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El Ministerio Público (MP) presentó el viernes (28.01.2022), en la continuación del juicio contra Marco Bográn y Alex Moraes por la compra de siete hospitales móviles a una empresa de Turquía, sus pruebas periciales financieras y un informe del vaciado de los teléfonos móviles de los acusados.



Durante la audiencia de hoy, el MP siguió evacuando "sus 74 medios de prueba" contra Bográn y Moraes, exdirector y exadministrador de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), según un comunicado del ente.



Entre las pruebas presentadas figuran "varios insumos y equipo médico vencido (que traían los hospitales), de los cuales se levantó acta mediante inspección efectuada a los contenedores como parte del juicio", señaló el Ministerio Público.



"Entre los insumos caducados se evidenció algunos cuya fabricación data del 13 de enero de 2011 y su vencimiento fue el 13 de enero de 2016, a lo que se suma que entre otros hallazgos se certificó la existencia de equipo usado y hasta en mal estado", explicó.



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<h4>Mega fraude</h4>



Con esas evidencias, el MP continúa acreditando "el mega fraude" que cometieron los exfuncionarios de Invest-H en la compra de los siete nosocomios, por 47.5 millones de dólares, con el guatemalteco Axel Gamaliel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.



Gamaliel López es acusado también por dos delitos de fraude a título de cooperador necesario y en Estados Unidos, donde reside, le han sido asegurados más de 100 millones de lempiras (4.1 millones de dólares) de una cuenta bancaria.&nbsp;



La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y personal biomédico, demostrará en el juicio que Bográn y Moraes cometieron "dos delitos de fraude y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios" en la compra de los hospitales, agregó.



Los exfuncionarios compraron los nosocomios entre marzo y abril de 2020, por 47.5 millones de dólares, a través en una "violación a los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño", señaló.



La compra se hizo "al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H", según el Ministerio Público.



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