El Ministerio Público (MP) presentó el viernes (28.01.2022), en la continuación del juicio contra Marco Bográn y Alex Moraes por la compra de siete hospitales móviles a una empresa de Turquía, sus pruebas periciales financieras y un informe del vaciado de los teléfonos móviles de los acusados.

Durante la audiencia de hoy, el MP siguió evacuando "sus 74 medios de prueba" contra Bográn y Moraes, exdirector y exadministrador de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), según un comunicado del ente.

Entre las pruebas presentadas figuran "varios insumos y equipo médico vencido (que traían los hospitales), de los cuales se levantó acta mediante inspección efectuada a los contenedores como parte del juicio", señaló el Ministerio Público.

"Entre los insumos caducados se evidenció algunos cuya fabricación data del 13 de enero de 2011 y su vencimiento fue el 13 de enero de 2016, a lo que se suma que entre otros hallazgos se certificó la existencia de equipo usado y hasta en mal estado", explicó.

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Mega fraude

Con esas evidencias, el MP continúa acreditando "el mega fraude" que cometieron los exfuncionarios de Invest-H en la compra de los siete nosocomios, por 47.5 millones de dólares, con el guatemalteco Axel Gamaliel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.

Gamaliel López es acusado también por dos delitos de fraude a título de cooperador necesario y en Estados Unidos, donde reside, le han sido asegurados más de 100 millones de lempiras (4.1 millones de dólares) de una cuenta bancaria. 

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y personal biomédico, demostrará en el juicio que Bográn y Moraes cometieron "dos delitos de fraude y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios" en la compra de los hospitales, agregó.

Los exfuncionarios compraron los nosocomios entre marzo y abril de 2020, por 47.5 millones de dólares, a través en una "violación a los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño", señaló.

La compra se hizo "al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H", según el Ministerio Público.

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