El decreto que autoriza la venta del avión presidencial de Honduras fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, donde se detalla el procedimiento de comercialización de la aeronave y el destino específico de los fondos que se obtengan de la transacción. La iniciativa forma parte de los principales objetivos de la administración de Nasry Juan Asfura, alineados con una política de austeridad orientada a la reducción del gasto estatal y la reorientación de recursos hacia áreas prioritarias. ¿Qué establece el decreto de la venta del avión presidencial? El artículo 1 del decreto autoriza al Poder Ejecutivo, a través de las instancias competentes, a vender el avión presidencial Embraer Legacy 600 (FAH-001) mediante un proceso transparente, conforme a las normas legales vigentes. La venta deberá realizarse a través de subasta u otros mecanismos de comercialización establecidos por la ley. El artículo 2 establece que, antes de ejecutar la venta, el Ejecutivo deberá realizar un avalúo técnico efectuado por expertos independientes, nacionales o internacionales, con el fin de determinar el precio mínimo de la aeronave. Este proceso también incluye la revisión de la documentación de propiedad y los aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento del avión. El artículo 3 señala que los recursos obtenidos por la venta se destinarán exclusivamente al fortalecimiento del sistema de salud pública y al financiamiento de la construcción de centros universitarios en departamentos donde actualmente no existe presencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Los fondos deberán reincorporarse al Presupuesto General del año en curso. El avión fue donado en octubre de 2014 por el Gobierno de Taiwán y tenía un valor aproximado de 12 millones de dólares. Disminuir costos operativos del Estado La decisión de vender la aeronave responde a una estrategia gubernamental para disminuir costos operativos del Estado. Según las autoridades, el avión representaba elevados gastos de mantenimiento, combustible, tripulación y logística, lo que lo convertía en un activo oneroso para las finanzas públicas. El gobierno sostiene que la medida busca optimizar el uso de los bienes estatales considerados no esenciales y redirigir esos recursos a programas sociales, infraestructura, salud y educación, como parte de una política de racionalización del gasto público. MIRA: Cae extraditable hondureño, uno de los 10 criminales más buscados por el FBI