La conformación de las mesas electorales, que la nueva ley denomina Juntas Receptoras de Votos, es el tema que más ha levantado polémica entre la dirigencia de instituciones políticas "minoritarias" y que también se les ha dado en llamar "partidos fachada, bisagra o de maletín".
Las entidades de menor caudal político le han restado legitimidad y sustento a la normativa comicial que finalmente fue consensuada por los nacionalistas, los liberales y los libres.
En dicho entorno de efervescencia, los líderes de las instituciones partidarias pequeñas y emergentes se preparan para interponer un recurso contra el cuerpo legal al que, según su criterio, se le ha dado vida para "violentar el derecho de representación" en las mesas de votación, "secuestrar" las elecciones de noviembre y "blindar a los corruptos".
Las Juntas Receptoras de Votos estarán conformadas por cinco representantes propietarios: tres miembros de los partidos Nacional, Liberal y Libre, más dos integrantes que serán nombrados por el Consejo Nacional Electoral a propuesta de las otras entidades políticas y designados por rotación.
Las fuerzas políticas que son catalogadas como "la minoría", han condenado que la Ley Electoral se haya presentado como la única salida a los vicios de la democracia, a la vez que han declarado que, en realidad, no ha habido enmiendas de fondo para robustecer la institucionalidad.
¿Ha sido un error pensar que el tráfico de credenciales terminará con la exclusión de los partidos pequeños de las mesas electorales? ¿No es cierto que también los "mayoritarios" han negociado el nombramiento de delegados con los llamados partidos bisagra?
Conocedores de la materia electoral han señalado que en la política todo es ajustado a la correlación de fuerzas, mientras representantes de la empresa privada han subrayado que la ley aprobada el martes es “más de lo mismo”; no garantiza elecciones transparentes ni resultados creíbles.
¿Es la polémica normativa antidemocrática y generadora de una mayor inestabilidad y de un debilitamiento de nuestro sistema político basado en el poder de decisión de las mayorías?
Juristas nacionales han opinado que la Ley Electoral que ha pasado por el debate apenas unas horas antes de que se realice la convocatoria a la justa de noviembre, No contribuirá a darle transparencia a los procesos de consulta.
A la turbulencia que se deriva de las reglas para la conformación de las mesas, se suma la controversia del artículo 312 que, a juzgar por los sectores críticos, blinda a los corruptos y allana espacio de participación a corruptos y a personajes ligados con la criminalidad.
El apartado reza: “Las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de su inscripción hasta la declaratoria de las elecciones respectivas, no surten efecto de inhabilitación salvo si ésta fuese el objeto principal de la pretensión y recayere sentencia firme condenatoria al efecto o resultasen de la comisión de un delito o la violación de la Constitución de la República”.
Más de cinco millones de hondureños seremos convocados este jueves a elecciones generales. Al final, los políticos llegan a una nueva consulta, con una deuda mayor que deben saldar con el pueblo y que consiste, en principio de cuentas, en adecentar su quehacer contaminado por intereses de grupo y no por las conveniencias del país; y, en segundo lugar, en consensuar reformas verdaderamente esenciales -como la segunda vuelta- para revestir de legitimidad la designación de cargos de poder en la democracia hondureña.
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