La democracia es puesta en riesgo cuando los postulados a la Corte Suprema de Justicia son políticos o cuando sus propósitos de convertirse en los administradores de las leyes están alineados con el propósito de favorecer la impunidad.
En ese criterio concordaron los profesionales del Derecho y académicos abordados por HRN en torno al proceso de selección del Poder Judicial que culminará en enero de 2023.
Los integrantes de la Junta Nominadora tomarán en cuenta primordialmente el criterio de idoneidad, que será evaluado con el 55 por ciento de la nota total. Las competencias, capacidades y suficiencia serán calificadas con un porcentaje menor.
Analistas locales dudan que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea clara y confiable si la Junta Nominadora cede ante las presiones de los políticos y si no se previene a tiempo la infiltración de los grupos criminales.
En el resto de países del área centroamericana, el proceso de elección del Poder Judicial no está exento de críticas de parte de los diferentes sectores de opinión pública.
En Guatemala, el Consejo de la Carrera Judicial y los organismos de postulación tienen una participación protagónica en la determinación del perfil de los aspirantes.
La formación académica y la calificación ética de los candidatos a magistrados son ponderados, con el fin de que estos funcionarios actúen de manera objetiva e imparcial.
En Guatemala, no hay limitaciones legales para que los políticos se postulen a magistrados, uno de los temas que también ha despertado mayor crítica en los otros países de Centroamérica.
En Costa Rica la Corte Suprema de Justicia es considerado como un órgano político por algunos segmentos. Lo que se procura es elevar la transparencia de los procesos de elección.
Uno de los aspectos más destacados en el proceso de nombramiento de funcionarios judiciales en aquella nación del área es que los candidatos son sometidos a una entrevista que tiene el 55 por ciento de la calificación total.
Muchos sectores de opinión de Costa Rica cuestionan que se hayan agregado requisitos calificados como "muy rigurosos", al tiempo que solicitan un debate más amplio acerca de la participación de la sociedad civil en la presentación de observaciones a los candidatos a magistrados. Pero la reelección ha permitido mayor independencia en la impartición de justicia.
En Honduras, la Corte Suprema de Justicia está integrada por 15 magistrados que son electos para un período de siete años y en El Salvador son 15 los togados encargados de impartir justicia por nueve años y con la posibilidad de ser ratificados cada tres años.
En Guatemala son elegidos 13 magistrados para un lapso de cinco años y con la alternativa de repetir en sus cargos, en Nicaragua el Poder Judicial lo componen 16 magistrados que permanecen cinco años en sus puestos y en Costa Rica son 22 profesionales del Derecho los nombrados para un tiempo de ocho años.
La demanda de los hondureños y de los ciudadanos de los otros países de Centroamérica, es que los magistrados del Poder Judicial sean funcionarios probos, comprometidos con la impartición pronta y equitativa de las leyes, en nombre de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho.
