Hace una semana, el Congreso Nacional, por medio de la Comisión Ordinaria de Presupuesto, comenzó las audiencias públicas, un proceso crucial de socialización y debate previo a la aprobación del Presupuesto General de la República.
En estas sesiones, han tenido voz los representantes de la sociedad civil, el sector privado, la academia y diversas instituciones públicas.
No obstante, es un hecho reconocido que Honduras enfrenta retos sociales y estructurales arraigados que frenan su desarrollo y estabilidad. Durante la última década, el crecimiento del PIB real per cápita ha sido significativamente menor en comparación con otros países de la región, evidenciando un estancamiento en la inversión, además de ser uno de los países con mayor vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.
Como consecuencia, Honduras persiste entre los países más pobres y desiguales del hemisferio occidental, con un PIB per cápita de solo US$2,500 y una tasa de pobreza que supera el 70%, incluyendo un alarmante 50% en pobreza extrema.
Simultáneamente, el Presupuesto General de la República ha experimentado un crecimiento promedio del 5.6% en términos reales en los últimos 12 años, mientras que la economía ha crecido un modesto 3.4%. Ante estos datos, surge una pregunta inevitable: ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse esta tendencia en el país? Para el 2024, el anteproyecto de presupuesto asigna L248,218.53 millones a la administración central y L158,362.33 millones a las entidades descentralizadas, totalizando L406,580.86 millones, en un escenario global de incertidumbre y potencial inestabilidad geopolítica, donde el riesgo de una nueva crisis económica e inflacionaria es palpable.
Sin embargo, el enfoque del debate no debe ser cuánto se gasta, sino cómo se invierten estos recursos. Después de todo, es con nuestros impuestos que el Estado opera. Aunque se proyecta un aumento en la asignación de fondos públicos para inversión en la administración central, estos representan solo el 9% del presupuesto total propuesto. En contraste, las transferencias y donaciones constituyen el 21%. Es crucial observar que el gasto operativo no solo ha crecido en números absolutos, sino también en proporción, alcanzando el 41% del presupuesto total para la Administración Central del próximo año.
Entonces, ¿seguiremos debatiendo anualmente un presupuesto cuyos fundamentos no han generado prosperidad ni desarrollo para los hondureños? Es imperativo que el Presupuesto General deje de ser simplemente un ítem más en la agenda de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional y se transforme, de una vez por todas, en un instrumento de verdadera prosperidad y desarrollo. No alcanzaremos este objetivo con palabras elocuentes, sino con acciones concretas.
