"Estamos siguiendo las reacciones a la protesta en Choluteca, Honduras", publicó Nicholls a través de Twitter.

Y prosiguió: "El derecho de reunión pacífica y el derecho a expresar las propias opiniones son fundamentales para la democracia y deben promoverse y protegerse".

Dicha publicación del diplomático fue compartida también por Frank O. Mora, representante permanente de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Estado: Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades del Gobierno de Honduras no se han pronunciado al respecto.

Protestas pacíficas

La reacción del diplomático de EE. UU. surge a raíz de que la presidenta hondureña Xiomara Castro convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) al día siguiente de la protesta e instruyó deducir responsabilidad a los promotores de la misma.

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Al respecto, actores gubernamentales apuntaron que empresarios promovieron las protestas de los trabajadores en contra del proyecto de reforma tributaria, lo cual fue rechazado por empresarios y la alcaldía de Choluteca.

Y es que, las protestas en el sur de Honduras se originaron ante el temor de los trabajadores de una eventual pérdida de empleos, si se aprueba la reforma tributaria en el Congreso Nacional (CN).

Asimismo, el temor se fundó en la ruptura de relaciones con la República de Taiwán y el inicio de estas con China Popular, por lo que los productores y trabajadores de rubros como el camarón, el melón y la ocra, entre otros, aseguran que no tienen un mercado para enviar sus productos y muchas empresas están expuestas a cerrar operaciones.

Por tanto, si esto ocurriera, unos 90,000 empleos estarían en riesgo, según exportadores de camarón y empresarios de otros rubros en la zona sur.

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Reforma tributaria

El proyecto de Ley de Justicia Tributaria fue anunciado el 30 de enero de 2023 por la presidenta Xiomara Castro y enviado al Congreso Nacional para su discusión y eventual aprobación el 25 de abril.

Diversos sectores se han opuesto a la propuesta de reforma porque -aseguran- alejaría la inversión nacional y extranjera, con lo que se perderían muchas fuentes de empleo.

Ante ello, el Poder Legislativo nombró a una comisión de dictamen para discutir y socializar el proyecto de ley con diferentes organizaciones del país, la cual se lleva a cabo desde la semana pasada.

Desde entonces, organizaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), bancadas de los partidos políticos, centrales obreras, entre otras organizaciones han planteado sus observaciones sobre el proyecto de ley.

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