Durante la campaña política de Xiomara Castro se aseguró que el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) eran los altos costos de los contratos de generación y prometió renegociarlos apenas comenzara su periodo de gobierno. 

Cumpliendo con su promesa electoral en mayo de 2022 se aprobó la Ley de Energía, que contenía como uno de sus principales objetivos la renegociación de precios de contratos que estaban en operación comercial.

Es más, tan claro es el artículo que establece que, de no aceptar renegociar los precios, el Gobierno podía expropiar las plantas generadoras vía un justiprecio.

Tanta era la urgencia por ganar las elecciones y aprobar dicha Ley que la población esperaba que apenas se lograran acuerdos, estos serian enviados al Congreso Nacional para su aprobación.

Sin embargo, la ENEE se tardo 22 meses, casi dos años, en enviar las modificaciones de los contratos al legislativo. El proceso debió ser friendo y comiendo como dicen en mi pueblo, contrato renegociado, contrato enviado al Congreso a ser aprobado para lograr el descuento.

Lo cierto es que del análisis realizado por Sociedad Civil se puede comprobar que se logró una rebaja en el corto plazo pero que saldrá más cara a largo plazo. Con esta renegociación la ENEE logró que para el año 2040 paguemos catorce centavos de dólar el kWh solar, mientras que Costa Rica y Guatemala pagan la mitad y un tercio de ese valor hoy. Evidentemente estamos el futuro de la ENEE y de lo que deberá pagar el pueblo hondureño para los próximos 15 y 20 años. Entonces nos hacemos la pregunta,

¿Fue una renegociación o un espejismo?

Más nos debe preocupar que ahora estos contratos se encuentran en la cancha del Congreso Nacional y varios legisladores han manifestado que no cuentan con la información necesaria para su análisis, discusión y votación.

Es indispensable que todos los congresistas tengan el contrato de energía original, su modificación firmada y sellada por la empresa generadora y la ENEE, para realizar los análisis necesarios.

¿Cómo van a votar los diputados si no tienen los contratos originales?

¿Contra que van a contrastar y comparar las modificaciones si no tienen el original?

¿Cómo se analizará y definirá si en efecto hay una rebaja o un beneficio para la población hondureña?

¿Por qué la ENEE esperó 22 meses para enviar estas modificaciones al Congreso Nacional y ahora pretende presionar al Legislativo para que corra en la aprobación de estos contratos?

Estas preguntas solo las puede responder la ENEE y el Gobierno, pero lo que es claro es que los funcionarios de la ENEE son pasajeros, los diputados del Congreso Nacional son pasajeros, sin embargo, quien se queda pagando los costos de las decisiones que ellos toman, es el pueblo hondureño.

Por eso es tan acertado el refrán que dice “la ENEE es de todos y es de nadie”.