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Se acerca el día definitivo, cuando será emitido el veredicto en el caso de Antonio Hernández, imputado por la justicia de Estados Unidos.



Las últimas pruebas
testificales de la parte acusadora fueron presentadas ante el jurado en la
propia voz del narcotraficante guatemalteco Fernando Josué Chang Monroy,
extraditado en 2015 y confeso de haber transportado al menos 200,000 kilos de
cocaína.



En el proceso afirmó haber
realizado compras a Hernández y recibido unos 15,000 kilos de droga en paquetes
con el sello "TH" por la suma de diez mil dólares por kilo.



De acuerdo con lo relatado por Chang
Monroy la sustancia prohibida era posteriormente comercializada con el Cartel
de Sinaloa con un centro de operación desde Mëxico.



Un momento trascendental en la
jornada desarrollada en la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos estuvo
marcado por una pregunta directa hacia el narcotraficante guatemalteco: ¿Por
qué le tenías miedo a Tony Hernández? 



Su respuesta llana fue:
"Los otros traficantes eran como yo, no tenían un hermano que fuese
presidente de una nación, no tenían el mismo control sobre la Policía y el
Ejército". 



Antes de Chang Monroy, le tocó
el turno de rendir su testimonio a un agente federal de apellido Popodopoulis,
quien significó que durante el interrogatorio a que fue sometido Hernández,
éste admitió conocer a Víctor Hugo Morales, "El Rojo", y a Héctor
Emilio Fernández, "Don H".



El mandatario hondureño Juan
Orlando Hernández ha expresado en reiteradas ocasiones que los testimonios
ofrecidos por los testigos en el juicio contra su hermano son falsos y
"novelescos".



A juicio del gobernante, es la palabra
de narcotraficantes que -según ha acusado- llevan adelante un complot inspirado
en el odio y en la sed de venganza por la ofensiva de su gobierno contra el
crimen organizado.



Las revelaciones desprendidas
del juicio contra "Tony" Hernández han provocado un sismo en la
opinión pública nacional y una mayor polarización entre los hondureños.



Un riesgo que sale a la luz es
la pérdida de confianza de la población en las instituciones que tienen bajo su
responsabilidad las tareas de legislación, investigación, impartición de
justicia y ejercicio de la acción penal pública para combatir al crimen
organizado.



"La
lacra del narcotráfico que le ha puesto fin a tantas vidas y que es sostenida
por hombres sin escrúpulos, es una realidad que ha permeado instituciones del
país", ha reiterado la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. 



Los líderes de dicha denominación han reprochado que históricamente las
instituciones han estado al servicio de un caudillo y no de la democracia
participativa y fundada en la ley. 



Otras
figuras de opinión pública como es el caso del ex fiscal general, Edmundo
Orellana Mercado, han llamado la atención acerca del impacto que tienen en el
país los vínculos denunciados entre la política y las sociedades delictivas.



El ex titular del Ministerio Público ha aseverado: "El
juicio en Nueva York es contra Honduras, no contra Hernández, porque cada hecho
revelado desnuda la ineptitud o complicidad de las instituciones hondureñas. 



Opositores políticos, miembros de la sociedad civil y
analistas han contrastado, igualmente, que ninguno de los procesados por
narcotráfico en Estados Unidos tenía juicio en Honduras y anotado que ello es
una prueba de que "el sistema los protegió, en lugar de juzgarlos".



La resolución sobre la inocencia o culpabilidad de Hernández,
acusado por tráfico de drogas, se conocerá en pocas horas. Los días que vienen
son cruciales no sólo por su ropaje de "escándalo", sino porque pone
a prueba la institucionalidad del país y encierra en cuestionamientos al aparato
de justicia de Honduras, frente al acoso del crimen organizado.

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