Se acerca el día definitivo, cuando será emitido el veredicto en el caso de Antonio Hernández, imputado por la justicia de Estados Unidos.

Las últimas pruebas testificales de la parte acusadora fueron presentadas ante el jurado en la propia voz del narcotraficante guatemalteco Fernando Josué Chang Monroy, extraditado en 2015 y confeso de haber transportado al menos 200,000 kilos de cocaína.

En el proceso afirmó haber realizado compras a Hernández y recibido unos 15,000 kilos de droga en paquetes con el sello "TH" por la suma de diez mil dólares por kilo.

De acuerdo con lo relatado por Chang Monroy la sustancia prohibida era posteriormente comercializada con el Cartel de Sinaloa con un centro de operación desde Mëxico.

Un momento trascendental en la jornada desarrollada en la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos estuvo marcado por una pregunta directa hacia el narcotraficante guatemalteco: ¿Por qué le tenías miedo a Tony Hernández?

Su respuesta llana fue: "Los otros traficantes eran como yo, no tenían un hermano que fuese presidente de una nación, no tenían el mismo control sobre la Policía y el Ejército".

Antes de Chang Monroy, le tocó el turno de rendir su testimonio a un agente federal de apellido Popodopoulis, quien significó que durante el interrogatorio a que fue sometido Hernández, éste admitió conocer a Víctor Hugo Morales, "El Rojo", y a Héctor Emilio Fernández, "Don H".

El mandatario hondureño Juan Orlando Hernández ha expresado en reiteradas ocasiones que los testimonios ofrecidos por los testigos en el juicio contra su hermano son falsos y "novelescos".

A juicio del gobernante, es la palabra de narcotraficantes que -según ha acusado- llevan adelante un complot inspirado en el odio y en la sed de venganza por la ofensiva de su gobierno contra el crimen organizado.

Las revelaciones desprendidas del juicio contra "Tony" Hernández han provocado un sismo en la opinión pública nacional y una mayor polarización entre los hondureños.

Un riesgo que sale a la luz es la pérdida de confianza de la población en las instituciones que tienen bajo su responsabilidad las tareas de legislación, investigación, impartición de justicia y ejercicio de la acción penal pública para combatir al crimen organizado.

"La lacra del narcotráfico que le ha puesto fin a tantas vidas y que es sostenida por hombres sin escrúpulos, es una realidad que ha permeado instituciones del país", ha reiterado la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.

Los líderes de dicha denominación han reprochado que históricamente las instituciones han estado al servicio de un caudillo y no de la democracia participativa y fundada en la ley.

Otras figuras de opinión pública como es el caso del ex fiscal general, Edmundo Orellana Mercado, han llamado la atención acerca del impacto que tienen en el país los vínculos denunciados entre la política y las sociedades delictivas.

El ex titular del Ministerio Público ha aseverado: "El juicio en Nueva York es contra Honduras, no contra Hernández, porque cada hecho revelado desnuda la ineptitud o complicidad de las instituciones hondureñas.

Opositores políticos, miembros de la sociedad civil y analistas han contrastado, igualmente, que ninguno de los procesados por narcotráfico en Estados Unidos tenía juicio en Honduras y anotado que ello es una prueba de que "el sistema los protegió, en lugar de juzgarlos".

La resolución sobre la inocencia o culpabilidad de Hernández, acusado por tráfico de drogas, se conocerá en pocas horas. Los días que vienen son cruciales no sólo por su ropaje de "escándalo", sino porque pone a prueba la institucionalidad del país y encierra en cuestionamientos al aparato de justicia de Honduras, frente al acoso del crimen organizado.