La epidemia ha mostrado que en Honduras no están del todo claras las cuentas correspondientes con la administración de recursos destinados para su atención.
Éste es el criterio que se desprende de las múltiples denuncias en torno a las compras de insumos y equipo médico para hacerle frente a la actual eventualidad epidemiológica.
Están a la vista las irregularidades en la adquisición de hospitales móviles que estos días volvió a levantar polvareda, con motivo del supuesto fraude cometido en la compra de siete de tales estructuras a un costo de más de 40 millones de dólares.
La turbia historia de estos centros de asistencia temporales es solamente uno de los capítulos de irregularidades que manchan la actual gestión de la pandemia.
Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Consejo Nacional Anticorrupción, han denunciado las compras sobrevaloradas que se han llevado a efecto, a la sombrilla de la emergencia.
Los órganos de fiscalización social establecen en sus informes que los recursos aprobados por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional más los fondos desembolsados por órganos externos, suman 80,000 millones de lempiras colocados a disposición para la atención de la pandemia.
Los analistas dicen que la desconfianza que se profundiza entre la población le hace daño a la institucionalidad del país. La intención de algunos de obtener ganancias en tiempos de emergencia es mayormente condenable, porque está de por medio la vida de la población infectada por el letal virus y el clamor de la población para acceder a servicios dignos de salud.
En Honduras como en otros países de América Latina, los villanos del drama del covid son, justamente, los que especulan y hacen negocio con la compra de equipos protección, aliados con los funcionarios corruptos.
Las experiencias son de amplio espectro, en lo que se considera una ola de acciones al margen de la ley o iniciativas motivadas por la ambición de lucro
En Ecuador, por ejemplo, fue identificada una red criminal que conspiró con funcionarios de salud para ganar un contrato de venta de bolsas para cadáveres a un precio elevado hasta 13 veces por encima de su costo real.
En Brasil, funcionarios gubernamentales de siete estados están bajo investigación por su involucramiento en el desvío de más de 200 millones de dólares del erario.
En Colombia es indagado el procurador general por su presunta relación con un informe de más de cien donantes de campañas políticas que recibieron contratos lucrativos para el suministro de equipo y materiales de emergencia.
Perú no se queda fuera de este círculo. Y es que el jefe de la Policía y el ministro del Interior de aquel país dimitieron luego que sus subalternos se metieron en el negocio de los desinfectantes adulterados y mascarillas de mala calidad para los uniformados, muchos de los cuales resultaron infectados y otros murieron por el nuevo virus.
Las oportunidades para explotar la pandemia están abiertas para los funcionarios públicos y los proveedores hambrientos de los fondos estatales.
Esto es lo que ha pasado en México, donde el sistema hospitalario federal devolvió ventiladores defectuosos que habían sido negociados por personajes públicos que también habían logrado que el Gobierno pagara un valor de 85 por ciento arriba de la oferta más barata.
Más ejemplos: En Bolivia, el Ministerio de Salud compró casi dos centenares de ventiladores a pesar de que tenía a la mano otra propuesta para el suministro de estas máquinas a la mitad del precio solicitado. Rodó la cabeza de secretario de Salud, mientras el mismo ex presidente, Abdalá Bucaram, fue encontrado en su casa con miles de pruebas de diagnóstico y una dotación gigantesca de mascarillas, además de estar acusado de hacer negocios turbios con la venta de máquinas hospitalarias.
¿Saqueo de las arcas, corrupción, simples irregularidades o interpretaciones equivocadas de las contrataciones en plena pandemia? El covid parece ser un terreno para socavar la transparencia. Honduras no es la excepción.
