Un acuerdo migratorio integral y especial, han establecido los gobiernos de Honduras y de Estados Unidos, un paso que se ha dado y que ha despertado una serie de inquietudes por su contenido.
Varios sectores han externado diversas preguntas en torno a los alcances del compromiso suscrito entre ambos países. En principio de cuentas, se ha determinado una diferencia entre el convenio integral y especial y la designación como país seguro.
El acuerdo asumido por Honduras es de carácter "integral" y "especial", por cuanto se ha reconocido que este país no reúne las condiciones para acoger a emigrantes en calidad de "tercer país seguro".
Hace unas semanas, grupos de opinión crítica habían hecho hincapié que Honduras no llena los requerimientos que demanda el recibimiento de los "sin papeles", en tanto son resueltas sus solicitudes y es determinado su estatus migratorio.
Bajo el esquema bilateral que ha sido concertado, se espera que resulten beneficiados un millón de connacionales mediante la aprobación de medidas migratorias, de conformidad con lo expuesto por fuentes gubernamentales
Las autoridades locales han destacado su compromiso de trabajar en forma efectiva para evitar el flujo de indocumentados, que constituye uno de los principales reclamos y una vital preocupación de Washington.
Honduras es uno de los países que más participación tiene en la exportación de indocumentados. Hasta agosto de este año, 400 mil hondureños ingresaron sin documentos en Estados Unidos.
Los otros dos países que presentan los mayores problemas migratorios, Guatemala y El Salvador, igualmente han alcanzado acuerdos con el régimen de Donald Trump.
En lo que toca a Guatemala, los funcionarios de Estados Unidos han advertido que ningún oriundo del vecino país centroamericano podrá ingresar en la Unión Americana en busca de asilo.
A quienes les asiste el derecho a solicitar dicho estatus en Estados Unidos son aquéllos que lo hayan hecho antes en otro país y su petición hubiese sido denegada.
Así, entonces, los guatemaltecos deben pedir asilo en México, antes de realizar la gestión ante las dependencias competentes de la administración Trump.
Hace dos meses, Estados Unidos y Guatemala arribaron a un "acuerdo de cooperación" en torno al examen de solicitudes de protección, con el objetivo de reducir el flujo de indocumentados que intentan atravesar la frontera.
El Salvador ha seguido similares pasos. En la primera quincena de este mes, la Presidencia salvadoreña firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y emigración.
La información ofrecida por la gestión del gobernante Nayib Bukele, establece que el pacto bilateral permitirá devolver a El Salvador a quienes soliciten asilo en Estados Unidos, en tanto la Organización de Estados Americanos (OEA), ha comenzado los trabajos para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Los acuerdos asumidos por los tres países: Honduras, Guatemala y El Salvador, con Estados Unidos, están inscritos en las políticas de endurecimiento contra los emigrantes que abandonan sus territorios por las agrestes condiciones sociales en que viven.
Desde los intereses de Estados Unidos, la solución de la crisis en la frontera depende de un trabajo conjunto con los vecinos de la región centroamericana; esto es, construir capacidades de asilo y protección más fuertes en el Triángulo Norte.
