El aumento en el salario mínimo en Honduras ha sido de alrededor del ocho por ciento (8%) anual en la última década.
Pero las consecuencias negativas de estos ajustes han rebasado los beneficios para los trabajadores en general, para la estructura social y para el aparato económico.
Se considera que, en el país, solamente tres de cada diez trabajadores que están en la economía formal reciben el salario mínimo y son sujetos de los derechos de seguridad social que son añadidos a su condición de tales.
Una mayoría de siete por cada diez, se ganan la vida en el otro extremo de la actividad económica irregular, a la que también se le da el nombre de negocios o quehaceres de "riesgo propio".
Y en la misma medida en que ha sido revisado el salario mínimo, así se ha disparado la inflación, mientras la capacidad de adquisición de bienes y contratación de servicios ha caído vertiginosamente, entre 10 y 12 por ciento, solo durante la pandemia.
Los analistas se plantean diversos cuestionamientos sobre las implicaciones de establecer pagos altos. Su conclusión es que los efectos no son tan beneficiosos sobre el mercado laboral.
La razón es porque Honduras No produce bienes de capital y cualquier industria, por pequeña que sea, necesitará enfrentar inconvenientes que influyen en la baja productividad.
Hay que establecer una visión amplia a largo plazo para crear empleo, a criterio de los conocedores de la materia laboral. Para ello es indispensable poner en la balanza las dificultades que enfrentan los empresarios y los reclamos sociales de los obreros.
La iniciativa privada aboga por un "balance entre lo justo y lo sostenible, dado que la economía informal se ha expandido hasta alcanzar el 70 por ciento, a lo que se agrega que seis de cada diez empresas tienen problemas para mantenerse en operación.
Y del lado de los asalariados, su petición para recibir ingresos justos se fundamenta en que la pobreza se ha profundizado y en el hecho que su capacidad adquisitiva ha disminuido en alrededor de 12 por ciento.
Desde la visión de los funcionarios de la Administración Central, la generación de empleo no depende de programas y proyectos del Gobierno, pues a éste le compete esencialmente crear las bases para lograr un derrame de beneficios económicos y sociales.
En todo caso, lo que se debe procurar es una correspondencia entre productividad, competitividad, inversión y apertura de nuevos empleos, en el marco del respeto a las leyes.
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