La Coalición Anticorrupción de Honduras presentó el martes (27.10.2020) un informe en el que exponen al menos 50 irregularidades, plenamente sustentadas, que fueron identificadas en los procesos de compra manejados por Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
El informe “Corrupción, Discreción y Opacidad: La Normalidad en las Compras Públicas del Covid-19 en Honduras", reveló una serie de actos del supuesto manejo irregular de fondos.
Lo contradictorio es que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al 25 de septiembre de 2020, solo había determinado una irregularidad en Invest-Honduras y además, con poco presupuesto y muchos obstáculos para obtener información pública, las organizaciones ciudadanas han publicado, a la misma fecha, 31 investigaciones sobre corrupción, mientras, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) presentó tres y el TSC, solo una.
Estos actos de corrupción que han puesto en riesgo la salud, la vida y la economía de la población, dejan un perjuicio económico superior a los 1,200 millones de lempiras, que equivalen al 56 por ciento de los fondos ejecutados por Invest-H y Copeco, en solo seis meses -del 18 de marzo hasta el 25 de septiembre-, expresó Fátima Mena, coordinadora de la Coalición.
El documento presenta de forma articulada, las denuncias, observaciones y recomendaciones de la ciudadanía organizada, sobre las compras y contrataciones en el marco de la emergencia provocada por la pandemia covid-19.
Las irregularidades van desde compras sobrevaloradas, mecanismos paralelos a la Ley de Contratación del Estado para evadir los procesos establecidos y la justicia, selección de proveedores afines, escasos veedores sociales, con poca experiencia y posibles conflictos de interés y nepotismo, apuntó Eduardo Alemán Coordinador de la Unidad Anticorrupción de Juntos aremos Historia.
Alemán también recalcó entre los hallazgos que se han descartado los aportes de organizaciones ciudadanas con experiencia en auditoría social,la falta de planificación estratégica y los débiles y deficientes procesos y políticas administrativas en la gestión de la pademia.
El informe tiene como base, 31 documentos publicados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Centro de Investigación Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) y Honduras en Acción contra la Corrupción y por la Transparencia (HondurACTion), organizaciones que integran la Coalición.
Además de identificar el modus operandi de las redes de corrupción, la investigación propone también más de 60 recomendaciones dirigidas a fortalecer las normas y prácticas de las instituciones ejecutoras y órganos de control internos y externos, para reducir los índices de corrupción e impunidad que enfrenta el país y se fortalezca el Estado de derecho, subrayó Alejandro Kaffaty, coordinador del informe y economista de Fosdeh.
A partir del rol que tiene cada una de las instituciones clave responsables de investigar y perseguir los delitos de corrupción, el documento señala al Congreso Nacional, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, el Instituto de Acceso a la Información Público, entre otros, las acciones que cada uno debe realizar para que desde la institucionalidad, la lucha anticorrupción sea efectiva.
Con la llegada de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidaden Honduras (MACCIH), las investigaciones efectuadas junto a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) ahora UFERCO, identificaron redes de corrupción, que operan con el apoyo de poderes económicos y políticos.
Este sistema sigue operando por la fragilidad de las instituciones públicas y la pérdida de la institucionalidad provocada por los grandes casos consumados de corrupción que han quedado en impunidad, señala el informe.
Las investigaciones del CNA y Fosdeh afirman que el fenómeno de la corrupción ha evolucionado para convertirse en un sistema agrupado tripartito, desde el cual operan una estructura criminal compleja bien organizada, que hasta el 2018 generó un perjuicio económico estimado de 65,000 millones de lempiras (aproximadamente US $ 2,600 millones) para el Estado.
