No es por casualidad que Honduras es reprobado en los indicadores de transparencia, gobernanza y fortalecimiento del Estado de Derecho. Nuestro país ocupa los últimos escalones en la evaluación de esas materias que son básicas para mantener el orden institucional.
Tampoco son datos adulterados o informes malintencionados, como suelen interpretar nuestras autoridades de turno, aquellos estudios domésticos y regionales que concluyen que Honduras tiene una democracia defectuosa, una transformación económica limitada y una gobernanza en nivel moderado.
Son los políticos y sus socios los que han perdido toda credibilidad ante la población, en razón de sus compromisos incumplidos, sus prácticas que alimentan el populismo y la demagogia, y sus acciones que le han quitado la esencia a la democracia y que le han restado legitimidad a nuestro Estado de Derecho.
La concentración de poder ha contaminado nuestro sistema político y ha dado lugar a la infiltración de las redes de corrupción en nuestro quehacer institucional.
A la vista están los datos estadísticos: en 2023 se presentaron 1,600 denuncias; de éstas, solamente 55 fueron judicializadas y apenas 11 llegaron a su etapa de sentencia condenatoria.
Insuficiente ha sido también la intervención del Tribunal Superior de Cuentas: De 300 auditorías practicadas el año pasado, nada más el 2,7 por ciento fue remitido a la Fiscalía con pliegos de responsabilidad penal.
Los “malos” han hecho germinar la semilla de la impunidad, por demás cosechada por grupos ligados con el crimen organizado, que han emergido como los grandes inversionistas de la actividad proselitista en nuestros tiempos de podredumbre.
¡Qué ejemplo más claro de cómo muchos de nuestros políticos están atrapados en las garras del narcotráfico: el alcalde de El Triunfo, Choluteca, Cristhian Mercado, buscado por presumir que lidera una red de trasiego de drogas en la zona sur!
No podía estar más destruida la imagen de Honduras, después del veredicto de culpabilidad del expresidente, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico, y tras la sentencia condenatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la separación ilegal de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, como resultado de la vergonzosa usurpación e intromisión en el ejercicio de los Poderes del Estado.
Recuperar la confianza en las instituciones, retomar el principio de la rendición de cuentas y adoptar la fiscalización como una norma de conducta pública son un compromiso que nuestros gobernantes no deben dejar ver de soslayo, ni interpretar como una narrativa de la oposición.
De lo contrario, seguiremos metidos en el círculo de la opacidad, el poder absoluto, la corrupción y la penetración de los tentáculos de la criminalidad.
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