La condena al Estado de Honduras por la destitución arbitraria de cuatro magistrados del Poder Judicial, tramada por otro poder público, en este caso, el Poder Legislativo, marca un precedente nefasto y negativo contra la institucionalidad creada y la independencia de las funciones del Estado.
Un golpe duro a los poderes públicos constituidos y su independencia, sin la cual el Estado de Derecho se resquebraja, la democracia es imposible y las libertades y derechos se reducen a meros testimonios.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza a Honduras por violentar garantías judiciales y derechos políticos, pero fundamentalmente, condena la injerencia de un poder público sobre otro y el monopolio político, que como poder dominante, invadió las jurisdicciones, cooptó la institucionalidad creada, negándole a esta, la posibilidad de discrepar y confrontar, con la ley y la razón, a ese poder dominante.
La arbitraria decisión del Poder Legislativo de destituir a cuatro magistrados del Poder Judicial, en 2012, además del atropello contra los derechos políticos de las víctimas, sólo deja en evidencia como la injerencia y la invasión de jurisdicciones, moneda de curso corriente en Honduras, llegó a convertirse en el mayor peligro para las libertades de todos los hondureños.
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La sentencia de la Corte Interamericana expone, además, en toda su dimensión, los grandes males que nos ha acarreado la política vernácula, entendida por sus caudillos y los caciques de los partidos tradicionales, como designios de poder y atributos de una casta que se considera superior a los demás y que está por encima de todo, incluida la ley misma.
Habiendo convertido al poder judicial y sus jueces en un apéndice suyo, lo que urge entonces es cortar esa injerencia y ese monopolio político, a través de profundas reformas que empoderen una mayor institucionalización y profesionalización hacia estándares más altos de independencia.
Sólo a través de eso es que el Estado de Honduras evitaría sentencias como ésta y la condena internacional. A nivel doméstico, la independencia de los poderes públicos tiene que erigirse en pilar fundamental de la existencia del Estado de Derecho, el tejido social y el Estado Constitucional.
Es la garantía del progreso social, político, económico y cultural de los pueblos. De ahí nuestra posición respecto a la independencia del Poder Judicial de Honduras. Un poder público independiente y jueces a la medida de la justicia y la imparcialidad, sometidos únicamente a la Constitución y las leyes.
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La sentencia condenatoria de la Corte Interamericana debe desafiarnos a luchar con más denuedo para mantener a raya la injerencia partidista en la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema.
Se trata de un momento histórico para el país. Se trata de la reconstrucción del andamiaje constitucional e institucional que puntualmente en su entramado jurídico y legal, requiere de la selección de operadores de justicia probos y garantes del Estado de Derecho.
Que este precedente funesto nos sirva para seguir luchando por la independencia del Poder Judicial. Se trata de una tarea crucial por la legitimidad de la institucionalidad creada. Los partidos políticos y los poderes públicos dominantes no pueden seguir metiendo sus manos en las jurisdicciones que no les pertenecen.
Como sociedad necesitamos avanzar en la lucha frontal y sin cuartel contra la injerencia política y todo lo que de ella deriva. Es urgente erradicar qué todo lo que le provoca al país vergüenza y rechazo, no siga siendo moneda de curso corriente.
Que la impartición de justicia no siga siendo ni un negocio ni el traspatio de los políticos, de los caudillos de los partidos y de un poder público dominante.
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