La protesta que ayer orilló a los delicados pacientes renales a tomarse la vía pública, por cierto, calificada por la Secretaria de Salud, como un acto circense, no es más que el diagnóstico de una dolorosa realidad.
En Honduras, la salud dejó de ser un derecho humano fundamental, mientras la inequidad en el acceso de la población al sistema sanitario público y a la medicina preventiva, terminó convirtiéndose en una patología casi en etapa terminal.
Más de un millón y medio de hondureños no tienen acceso a los servicios públicos de salud, mientras el Estado de Honduras apenas invierte 100 dólares por persona que necesita atención sanitaria, en contraposición con el promedio de inversión en América Latina que es de casi 400 dólares por persona.
Una brecha desproporcionada, sin más prescripciones, entre los hondureños que no tienen acceso al sistema sanitario público y los privilegiados ciudadanos que se pueden dar “el lujo” de acceder a los servicios de un hospital privado.
La dolorosa realidad que expone la debilidad de un sistema colapsado por las profundas desigualdades y falencias estructurales y sociales, que superaron los beneficios que como país capitaliza el hecho de tener una población sana, dentro de un sistema en el que el acceso a la salud sea un derecho y no un privilegio.
La protesta y el temor de los enfermos renales sólo evidencia la pobre capacidad de gestión de un sistema desbordado, que le cerrado las puertas a los servicios de salud a la población hondureña en general.
La crisis profunda y la tragedia sanitaria expresada en las inhumanas filas diarias que cientos y hasta miles de pacientes tienen que hacer, en busca de atención médica o de una cita con un especialista que terminará evaluándolos, cuatro, cinco y hasta siete meses después de que se las dan.
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Un indicador que además deja en evidencia el fracaso del Estado en la gestión de la salud pública es que apenas el 3 por ciento de la población hondureña está cubierta por un seguro privado.
El sistema sanitario público solo dispone de 9 especialistas para unos 10 mil pacientes, mientras en departamentos con alta densidad poblacional como Cortés, sólo hay 13 médicos especialistas por cada 100 mil habitantes.
¿Y la atención sanitaria con cobertura universal, entonces?. El Estado de Honduras y su institucionalidad no puede renunciar al enunciado que la universalidad de la salud es además de un asunto de justicia y un derecho humano fundamental, un compromiso ineludible de eficientar el sistema sanitario.
Es inaceptable además, que dentro de esas deficiencias del sistema, sólo el 3,8 por ciento del presupuesto global de salud sea destinado para la compra de medicamentos y material quirúrgico, en tanto un hospital del Estado no puede disponer de los fondos para contratar un tan solo nefrólogo más, para que el único especialista en esa rama de la medicina, no tenga que atender a unos 800 pacientes renales que en promedio le toca a él solo revisar.
La salud en Honduras no puede seguir siendo considerada como un privilegio. Democratizarla, y sobre todo, humanizarla, es hacerle justicia a la dignidad del pueblo hondureño. Todo lo demás que se diga y no se haga, será pura demagogia y narrativa populista. Es cuestión de humanidad, más no, de espectáculos circenses.
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