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Está en el limbo la ampliación presupuestaria que ha solicitado al Poder Legislativo el Consejo Nacional Electoral para la dotación de las herramientas tecnológicas que son necesarias, con vistas a garantizar la transparencia de los comicios de noviembre de 2021.



El organismo colegiado ha demandado que se apruebe una asignación adicional de 800 millones de lempiras que se invertirían en la adquisición de equipo tecnológico que la misma Ley Electoral manda que sea conectado en cada una de las Juntas Receptoras de Votos.



Como es sabido, la normativa establece que la consulta democrática del último domingo de noviembre tiene que ser acompañada del programa de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).



La adjudicación de este proyecto debe efectuarse en menos de tres semanas. Para el 27 de julio, está previsto que se dé a conocer el nombre de la empresa beneficiada, una parte del cronograma que está en riesgo de no ser cumplido, porque la aprobación de los recursos ha entrado en tambaleo.



Dentro de la plataforma de transmisión de datos electoral están incluidos otros dos sistemas que son la lectura de la huella del votante y la generación del acta electrónica de cierre.



Los diputados nacionalistas y los legisladores de los partidos en la oposición están enfrentados por el mismo tema que desencadenó un serio conflicto en la víspera de las justas primarias del 14 de marzo: La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.



Los dirigentes de las instituciones partidarias que adversan al oficialismo, sostienen que son los nacionalistas, en el poder, quienes boicotean el desembolso de dinero para la adopción de los recursos electrónicos que le den confiabilidad a los comicios presidenciales.



En su defensa, los congresistas del Partido Nacional han justificado que el ajuste presupuestario solicitado por el órgano rector de los procesos comiciales será aprobado una vez que la Secretaría de Finanzas emita un dictamen sobre la existencia de recursos.



Lo que ha trascendido es que este jueves la cartera ministerial de Finanzas hará llegar a la Cámara Legislativa el análisis relacionado con la disponibilidad de fondos para las justas presidenciales.



Por ahora está en riesgo la puesta en operación de un sistema de transmisión de datos en las elecciones generales de noviembre, porque las fuerzas políticas No han podido ni han mostrado voluntad para ponerse de acuerdo.



Los líderes de la sociedad civil y la comunidad internacional deben intensificar su presión para que el Congreso Nacional apruebe la partida que se requiere para la utilización de los recursos tecnológicos que les den credibilidad a los comicios de fin de año, han demandado sectores mayoritarios.



El planteamiento de fondo es: Si los políticos no siguen adelante en su conspiración contra la transparencia de la consulta popular y si no gravitan las intenciones de fraude, ¿hay esperanza de que la voluntad de los votantes sea privilegiada?



En caso que la Cámara Legislativa autorice el otorgamiento de una suma de 800 millones de lempiras para complementar el financiamiento de las elecciones de noviembre, Honduras habrá desembolsado 4,000 millones de lempiras en términos de financiar los últimos tres procesos: Los de 2013, 2017 y 2021.



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4,000 millones le habrá costado a Honduras tres últimos tres procesos electorales

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