De acuerdo con el informe publicado por la Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Policiales, la cifra de homicidios en los primeros dos meses de 2023 representa un descenso de 156 casos con relación al mismo periodo de 2023.
En detalle, en enero de 2022 hubo 382 homicidios, mientras que en el mismo mes de 2023 se contabilizaron 235.
Por su parte, febrero del año pasado cerró con 239 muertes violentas versus 222 de febrero pasado.
Los 10 municipios más afectados por homicidios en 2023, según el estudio, fueron:
- Distrito Central (Francisco Morazán): 44 muertes.
- San Pedro Sula (Cortés): 30.
- Choloma (Cortés): 17.
- Tocoa (Colón): 16.
- Juticalpa (Olancho): 15.
- Danlí (El Paraíso): 15.
- Catacamas (Olancho): 12.
- Comayagua (Comayagua): 12.
- Olanchito (Yoro): 12.
- Yoro (Yoro): 11.
Asimismo, la mayor parte de las víctimas oscilan las edades entre 20 y 34 años, de acuerdo con el informe de las autoridades de Seguridad en Honduras.
Por otra parte, las autoridades informaron que el 87.4% de las víctimas mortales, es decir, 403 personas, eran hombres, mientras que las otras 58 víctimas fueron mujeres, lo que representa el 12.6%.
Además, las autoridades detallaron que el 74.84% (345 decesos) de las muertes violentas en 2023 fueron perpetradas con arma de fuego, y otras 75 personas, es decir, un 16.27%, murieron por ataque con arma blanca.
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Al respecto de las causas de los crímenes, 179 personas, lo que representa un 38.83% del total reportado, murieron por supuestos problemas personales
Mientras, un 6.07% (28 muertes) fueron causadas por miembros de maras y pandillas, así como otras 21 (4.56%) tuvieron como móvil el robo.
Estado de excepción
Las 461 muertes violentas que reportó la Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Policiales se produjeron durante el estado de excepción decretado por el Poder Ejecutivo vía decreto PCM 29-2022, vigente por 30 días desde el 6 de diciembre de 2022.
Dicho decreto fue ampliado, el 6 de enero de 2023, por 45 días más, es decir terminó el el 20 de febrero de 2023, según el PCM 01-2023.
Luego fue extendido por segunda vez, hasta el 6 de abril de 2023, bajo el PCM 10-2023, publicado en La Gaceta el 21 de febrero.
La iniciativa fue creada a raíz de la ola de extorsión y otras formas de criminalidad que afectan a la sociedad, especialmente al sector transporte y otros rubros.
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