A la expectativa se encuentran distintos gremios ante lo que ellos llaman "un nuevo zarpazo" que el Gobierno que termina su poder el 27 de enero intenta asestar mediante el empleo de recursos de las instituciones de previsión.
Ha trascendido que fondos de las entidades previsionales serían desviados para apalancar la empresa a la que fue adjudicada la administración y operación del aeropuerto de Palmerola.
Un movimiento similar fue lo que dio paso al financiamiento del Centro Cívico Gubernamental. Dinero del INPREMA y del INJUPEMP fueron colocados en la construcción de dicho complejo que alberga a las Secretarías y dependencias estatales.
Miembros de la Comisión de Transición nombrada por la presidente electa, han recriminado la supuesta jugada de la actual gestión gubernamental de dirigir un monto de varios miles de millones de lempiras del Instituto de Previsión del Magisterio en la terminal aérea de Comayagua.
El diputado electo por el Partido Libre, Hugo Noé Pino, ha reafirmado a través de sus redes sociales: "Una inversión de 3,000 millones de lempiras en el aeropuerto de Palmerola, a menos de tres semanas que el Directorio de Especialistas termine sus funciones, no parece ser una decisión acertada".
En esta misma dirección, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, se pronunció en términos de que el contrato de adjudicación del aeropuerto de Comayagua será revisado.
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A renglón seguido, el cercano colaborador de la gobernante que será investida a finales de este mes, llamó a los inversionistas a no arriesgar su capital mientras no se defina el destino de la terminal internacional.
Los docentes han sido los primeros en reaccionar frente a dicha amenaza. Han adelantado que opondrán resistencia a cualquier maniobra para sustraer las reservas del INPREMA.
No es la primera vez que los recursos de las entidades de previsión están en peligro. En abril de 2021, la dirigencia de los profesores se expresaron en contra de la intervención del INPREMA ordenada por el Poder Ejecutivo.
En ese momento, esa disposición fue calificada como una "jugada" dirigida a "caerle" a los recursos de las instituciones de previsión social que serían puestos a disposición del Gobierno para la ejecución de diversos proyectos y búsqueda de otros supuestos objetivos "encubiertos".
Como se recuerda, a finales de 2020 fue engavetada en el Congreso Nacional una iniciativa que creaba la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible (FONDES), y que iba a ser capitalizada con las aportaciones de las instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras, tales como entidades previsionales públicas, administradoras de fondos de pensiones y cesantías, aseguradoras, bancos y otros organismos financieros.
Grupos beligerantes de la sociedad civil han responsabilizado al actual Gobierno de estar desesperado para dejar un país en quiebra, con el propósito de hacer que la gestión de Xiomara Castro fracase sin remedio. ¿Tienen fundamento estas afirmaciones?
