El Ministerio Público (MP) informó la mañana de este miércoles que se presentó un requerimiento fiscal en contra de tres agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), requeridos en las últimas horas en San Pedro Sula, Cortés.
La operación para identificar a estos tres uniformados la ejecutó ayer, el propio MP en conjunto con la Policía Militar del Orden Público (PMOP), precisamente en la residencial Villas MacKay.
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Tras lo sucedido, las autoridades indicaron que no se les había dado captura formal, sino que se les requirió con fines de investigación. No obstante, este miércoles el ente acusador del Estado ha oficializado la acusación en su contra.
¿Cuál es el delito que se le señala?
El ente acusador del Estado indicó que a estos tres agentes, de los cuales no se brindó su nombre, se les señala por la presunta comisión del delito de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud pública.
La acusación la formalizó precisamente la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de la regional norte.
Asimismo, se confirmó que a uno de los detenidos se le señala también por la tenencia de munición de uso prohibido.
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Lo que han revelado las investigaciones
Según explicó la Fiscalía, durante el allanamiento ejecutado en la residencial Villas Mackey de San Pedro Sula, a estos uniformados asignados a la DAET de la zona norte se les decomisaron varias bolsitas de supuestos alucinógenos.
Asimismo, indicaron que en este sector se recolectaron municiones, cargadores, indumentaria militar y distintivos institucionales de estructuras como la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
En ese contexto, se solicitó al Poder Judicial la emisión de las órdenes de captura en contra de los tres implicados.
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Didadpol anunció investigación
La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) informó también que ha abierto una investigación en torno a dos agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), requeridos en la capital industrial del país.
La intención de estas acciones es determinar si existe o no la posible comisión de faltas disciplinarias y así deducir las responsabilidades administrativas que corresponden.
