• Según las denuncias conocidas por la AMHON, muchos jefes edilicios se están beneficiando de la desgracia, porque –de la noche a la mañana- se convirtieron en “proveedores encubiertos”.
  • El Tribunal Superior de Cuentas ha dado a conocer que conoce numerosas denuncias sobre irregularidades  que se han presentado en ciertos gobiernos locales.

En la emergencia epidemiológica por la que atraviesa Honduras han aflorado diversos cuestionamientos acerca de la inversión de los fondos comprometidos para su abordaje.

Los alcaldes y funcionarios edilicios de categoría secundaria no han escapado a tales señalamientos. También ellos están en el centro de la tormenta.

Los propios directivos de la Asociación de Municipios (AMHON), han reconocido que muchos alcaldes se han involucrado más de lo debido en la distribución de ayuda alimentaria.

Son varios los alcaldes o sus subalternos que han sido señalados, porque han efectuado la contratación de sus propios negocios para el suministro de productos básicos a las familias desprotegidas.

Según las denuncias conocidas por la AMHON, muchos jefes edilicios se están beneficiando de la desgracia, porque –de la noche a la mañana- se convirtieron en “proveedores encubiertos”.

En refuerzo de tales cuestionamientos, el Tribunal Superior de Cuentas ha dado a conocer que conoce numerosas denuncias sobre irregularidades  que se han presentado en ciertos gobiernos locales.

Para mencionar dos ejemplos: En Olancho, se habrían ejecutado actos contrarios a la rendición de cuentas por parte de proveedores y, en la zona sur, trascendió que una de las Corporaciones Municipales se opuso a la incorporación del auditor interno designado por el organismo contralor.

Los entes contralores y dependencias de auditoría social, han enfatizado que el dinero destinado a responder a las necesidades de la urgencia epidemiológica debe ser manejado con transparencia.

Las transferencias a los gobiernos locales son única y exclusivamente para los efectos de salir al paso de la emergencia por el Covid 19 en asuntos puntuales como son la compra de alimentos y la adquisición de medicamentos.

En la segunda quincena de marzo, la Secretaría de Finanzas comenzó a hacer efectivo el traslado de alrededor de 500 millones de lempiras a los gobiernos locales, con el objetivo de priorizar las tareas de combate a la pandemia.