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La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ejecutó este sábado 30 de noviembre un allanamiento en la vivienda de un exgerente financiero del Congreso Nacional (2018-2022) por documentos relacionados al caso Red de Diputados.



Según informó el Ministerio Público la tarde de este día, dicha acción es en respuesta a la <a href="https://www.radiohrn.hn/fiscal-zelaya-ordena-secuestro-de-documentos-vinculados-a-casos-de-corrupcion-en-el-congreso-nacional-2024-11-28" target="_blank" rel="noreferrer noopener">orden del fiscal general</a>, Johel Zelaya, para el decomiso de documentos y evidencias sobre corrupción en el órgano legislativo.



En base a ello, este organismo procedió a tomar declaraciones a testigos y, como resultado, se revelaron indicios con la denuncia (presentada en 2022) sobre la pérdida, destrucción, sustracción y ocultación de documentos vinculadas a dicho caso.



Como resultado del allanamiento, las autoridades decomisaron documentos y equipo tecnológico, informaron a través de un comunicado.



Además, lograron identificar indicios de la posible quema de documentos relacionados con la Red de Diputados.



De acuerdo al Ministerio Público, el material asegurado será revisado y analizado para identificar elementos clave que contribuyan al avance de la investigación.



<blockquote class="twitter-tweet">🔴<a href="https://twitter.com/hashtag/RadioHRN?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#RadioHRN</a> La Uferco ejecutó un allanamiento en la casa de un exgerente financiero del CN (2018-2022) en Valle de Ángeles. Tal acción es en respuesta a indicios relacionados con la pérdida, sustracción y ocultación de documentos vinculados al caso Red de Diputados, según el MP. <a href="https://t.co/ELg14xXfln">pic.twitter.com/ELg14xXfln</a>— Radio HRN (@radiohrn) <a href="https://twitter.com/radiohrn/status/1862959445904437434?ref_src=twsrc%5Etfw">November 30, 2024</a></blockquote>







<h2>Secuestro de documentos en el Congreso Nacional</h2>



El fiscal Johel Zelaya ordenó el jueves 28 de noviembre el secuestro de documentos en el Congreso Nacional por presuntos casos de corrupción.



Minutos después, agentes de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) llegaron al Hemiciclo Legislativo para realizar distintas diligencias respecto a estos casos, aunque no dieron más detalles de la investigación para no estropear la misma.



Durante las pesquisas se dio un incidente con el asesor legal del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el abogado René Adán Tomé, quien se habría opuesto a la labor de los agentes, según la versión del Ministerio Público. 



Como resultado, Tomé y tres agentes de seguridad del Legislativo fueron detenidos y liberados el mismo día.



La noche de ese mismo día, Zelaya emplazó al presidente del Congreso Nacional para que ponga a disposición del Ministerio Público la documentación e información electrónica sobre el caso de la Red de Diputados, así como otras líneas de investigación ligadas a graves actos de corrupción.



<blockquote class="twitter-tweet">El Ministerio Público tiene investigaciones en curso sobre protagonistas de la corrupción. A partir de la orden que emití para el decomiso de documentos y evidencias sobre corrupción en el Congreso Nacional, y ante la negativa y obstrucción a cumplir con la ley; he instruido a…— Johel Antonio Zelaya Alvarez (@johelzelaya) <a href="https://twitter.com/johelzelaya/status/1862331822341800370?ref_src=twsrc%5Etfw">November 29, 2024</a></blockquote> 







Un día después, el viernes 29 de noviembre, Redondo -que se encuentra en el extranjero- indicó que, al regresar a Honduras, brindará toda la información requerida por Johel Zelaya.



<h3>Caso de Red de Diputados en Honduras</h3>



De acuerdo a lo revelado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), los excongresistas implicados en la <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.radiohrn.hn/diputados-arresto-domiciliario-malversacion-red-de-diputados-maccih" target="_blank">Red de Diputados</a> crearon Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) con las cuales, presuntamente, desviaron millones de lempiras entre 2013 y 2017.



Las investigaciones detallan que los implicados se apropiaron de fondos públicos a través de los llamados Fondos Departamentales para proyectos sociales del Congreso Nacional.



Es así que con el supuesto fin del desarrollo de proyectos, los exdiputados solicitaban recursos económicos al Poder Ejecutivo, los cuales terminaban siendo destinados a los mismos.



Según la acusación, los imputados ejecutaron solo un 5% de estos fondos, mientras que el resto fue usado para gastos personales y campañas políticas.