El decreto de amnistía política ha generado mayores conflictos y, en consecuencia, más pugnas entre la dirigencia de los partidos políticos, las distintas bancadas de diputados del Congreso Nacional y segmentos críticos.
La llama que ha provocado la nueva controversia es la propuesta para indemnizar a los personajes que han salido beneficiados con la figura del perdón por razones eminentemente políticas.
Los promotores de dicha propuesta han aclarado que la reparación de daños sería dirigida sólo a quienes hayan sido considerados como "perseguidos políticos" y no a aquéllos que estén señalados por corrupción.
Profesionales de las ciencias jurídicas y sociales consultados por HRN, han catalogado la iniciativa como una "aberración", y el ministro para la Transparencia y ex fiscal, Edmundo Orellana, se ha manifestado en el sentido que el pago a las víctimas del Golpe de Estado debe ser realizado con fondos aportados por los autores de dicha crisis.
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La amnistía política ha sido condenada por líderes y dirigentes de la oposición, así como por distintos grupos de críticos que sostienen que esa figura del "perdón" solamente ha servido para alentar la impunidad.
A esta sombra se han acogido el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; el exgerente de HONDUTEL, Marcelo Chimirri; al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla; y al exsecretario del FHIS, César Salgado.
A estos excolabores de confianza y de alto rango de la Administración Pública se les calificaría como sujetos para ser resarcidos por los daños sufridos. ¿Una mordacidad, por cuanto se trata de borrar el expediente de ex funcionarios que fueron acusados de fraude, abuso de autoridad y otros hechos vinculados con corrupción?
La mayoría de los segmentos de opinión pública han exigido que el decreto de la amnistía sea reformado para que el mismo sea aplicado a quienes verdaderamente fueron objeto de hostigamiento o venganza por razones políticas.
Quienes se ocupan de interpretar el entorno político, han expresado que el país atraviesa por una contradicción entre las decisiones orientadas a proteger a los "deshonestos" y los tibios mensajes relacionados con la necesidad de vencer el cáncer de la corrupción.
La deshonestidad ha sido y es un mal que ha echado raíces en Honduras. Ha permitido dilapidar los bienes y recursos públicos y corroído las bases de nuestro Estado de Derecho, además de despojar a la población de todas las oportunidades de desarrollo.
Para unos, el decreto de la amnistía es un acto para resarcir a las figuras públicas que han estado en el poder y que se denominan como "mártires" del Golpe de Estado; para otros, esa ley más bien genera impunidad si sus límites no son claramente definidos.
