García, acompañada de sus hijas, Ana Daniela Hernández e Isabella Hernández, se pronunció a las afueras de su residencia en la residencia San Ignacio, en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Allí, dieron a conocer que están siendo víctimas de amenazas de muerte por parte de un infiltrado de la DEA y de una estructura criminal, lo que ha generado temor por sus vidas.

Las amenazas más recurrentes que han recibido incluyen secuestro y posteriormente, la muerte. Estos incidentes ya han sido informados al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), a las autoridades de Seguridad y a organismos internacionales.

"Sí, tengo miedo, claro que temo por mi vida, temo por lo que pueda sucederle a mis hijos, tengo miedo de lo que le pueda pasar a mi esposo, que está en una cárcel", expresó la ex primera dama.

En este contexto, recordó que durante la audiencia previa al juicio, el exmandatario Hernández mencionó al juez Castel un informe del FBI que reportaba amenazas de muerte por parte de una organización criminal. Esta organización fue acusada de estar implicada en la muerte del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

"Como padre de familia que es Juan Orlando Hernández, se siente preocupado y molesto porque la Fiscalía, que sabía de las amenazas desde hace mucho tiempo, no lo había informado, pese a que las amenazas habían seguido", dijo la ex primera dama.

En relación con esto, García destacó que el juez Castel solicitó al expresidente toda la información para investigar las amenazas. En la audiencia previa al juicio del 18 de enero, alias JOH solicitó un cambio en su defensa, solicitando la sustitución de Raymond Colon debido a problemas de salud y otros incumplimientos procesales.

"La persona que recomendó al abogado Colon para ponerlo a disposición de nuestra familia es una persona que dijo de manera pública en medios de comunicación que él había infiltrado la defensa del expresidente por instrucciones de la DEA", agregó García.

En este sentido, aclaró que el abogado Colon no es un infiltrado de la DEA, sino la persona que lo recomendó. Además, mencionó los nombres de algunos de los supuestos espías: Jorge Bar Levi y Jorge Torres Cuello.

Sobre el mismo "infiltrado", señaló que también contribuyó a boicotear Go Found Me, la página donde se recaudaban fondos para la defensa del expresidente.

"Ya logramos que la página se cerrara", dijo Ana que le expresó Bar Levi.

Ana denunció la campaña de desprestigio en redes sociales llevada a cabo por funcionarios y políticos, generando odio y escarnio sistemático.

En cuanto a la situación de su esposo, mencionó que se encuentra en desventaja con la entrada tardía de información y advirtió que el juicio no será justo.

Cargos contra JOH

  1. Conspiración para Importar Sustancia Controlada: Este cargo incluye la acusación de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, así como fabricar y distribuir esta sustancia con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente al país.
  2. Uso y Porte de Armas de Fuego: El segundo cargo se relaciona con el uso, porte y posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. Este cargo también implica asistencia e instigación en estas actividades.
  3. Conspiración para Usar Armas de Fuego en Relación con la Importación de Narcóticos: El tercer cargo se enfoca en la conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con la importación de narcóticos.

Extradición

El expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en la región. Hernández, quien lideró el país desde 2014 hasta 2022, enfrenta ahora cargos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El proceso de extradición comenzó poco después de que Hernández dejara la presidencia en febrero de 2022. La solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que posteriormente dio luz verde para su extradición. La detención del exmandatario se produjo el 15 de febrero de 2022, en su residencia en Tegucigalpa.

Hernández es el primer expresidente de Honduras en ser extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La Fiscalía de Estados Unidos lo acusa de haber recibido grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico para financiar sus campañas políticas.

Mientras tanto, Hernández ha solicitado reiteradamente aplazamientos en su juicio, alegando la falta de tiempo suficiente para revisar las pruebas en su contra y dificultades financieras para pagar su defensa legal. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, a la espera de que se desarrolle su juicio.

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