En medio de un océano de dudas, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal ha sido postergada para el 25 de junio de este año.
Como se sabe, el Congreso Nacional aprobó el fin de semana una segunda extensión de la “vacatio legis” del cuerpo legal. En noviembre de 2019 se había dado el visto bueno a una iniciativa para prorrogar por seis meses la aplicación de dicho instrumento, tiempo que vencía el 10 de mayo.
Algunos estudiosos del derecho consideran que ese cuerpo legal es un “escudo de impunidad”, porque –lejos de ser una herramienta para la impartición de justicia- reduce el castigo para los delitos contra la administración pública, narcotráfico, feminicidio, fraude, malversación de fondos, lavado de activos y violación.
El Claustro de Profesores de Derecho de la Universidad se sumó a las voces de sociedad que la semana recién pasada pidieron al Congreso Nacional la suspensión del instrumento legal.
Básicamente, los docentes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales cuestionan que la normativa “relaja” las condenas, particularmente para los ilícitos cometidos en perjuicio de la administración pública.
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El Consejo Nacional Anticorrupción sostiene, en un documento emitido al respecto, que el nuevo Código Penal contiene errores de forma e incorreciones de fondo que incentivan la impunidad.
En 2019 el referido espacio de la sociedad civil presentó una iniciativa acompañada de 12 mil firmas, a fin de promover la derogación del Código Penal por la evidente intención de disminuir las penas.
El movimiento de la sociedad civil critica la finalidad que, según su criterio, persiguen los promotores de la legislación de hacer retroceder el combate a la corrupción.
Estos grupos opuestos aseguran que el nuevo Código capitaliza la persecución y la represión de la protesta, pero vuelve más liviano el castigo a los deshonestos y a los miembros del crimen organizado.
Insisten, asimismo, en que la normativa incluye la figura de la asociación terrorista y mantiene las faltas de injurias y calumnias que son consideradas como riesgos para la libertad de prensa y de expresión, sin dejar de lado artículos que benefician a los violadores de los derechos humanos.
Hay quienes se han dedicado a desmenuzar el contenido de la herramienta jurídica y concluyen que existen disposiciones que favorecen a políticos implicados en sociedades delictivas. De otro lado, han denunciado la disminución en las penas al tráfico de drogas y lavado de activos.
Los que rechazan la entrada en vigencia del Código Penal solicitan que sean consideradas las propuestas de enmiendas sustanciales que habían sido presentadas hace tres años.
Autoridades y legisladores afines al Partido Nacional arguyen que el nuevo Código Penal fue ampliamente socializado y que recibió opinión de aprobación de parte de la Corte Suprema de Justicia.
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Asesores del Poder Legislativo reafirman, en esa línea, que el cuerpo normativo representa un avance y la culminación de un trabajo tendiente a construir una herramienta efectiva para combatir las acciones criminales en el país.
La complicación está en identificar las verdaderas y falsas interpretaciones del Código Penal, cuya aplicación será efectiva a partir del 25 de junio en medio de posturas encontradas. Se espera que tales confusiones sean evacuadas en los 45 días de “vacación legal” que recién aprobó el Congreso Nacional y que ya comenzaron a correr.
