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Estos factores han exacerbado los racionamientos de energía, especialmente en la zona norte, un área crucial para la economía nacional.



Datos del Centro Nacional de Despacho revelan que en lo que va del año se han registrado 10,326 apagones, superando ampliamente los 8,561 y 8,869 incidentes de 2021 y 2022. Esto equivale a un promedio de 34 apagones diarios, 10 más que el año anterior.



Estos cortes no solo generan pérdidas financieras para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sino que también representan un obstáculo para atraer inversiones y generar empleo. 



La Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC) estima que el valle de Sula ha dejado de recibir unos 112 millones de dólares en inversiones en construcción y producción debido a la inestabilidad energética.



Los efectos de los apagones van más allá de la interrupción del suministro eléctrico. Según investigaciones del COHEP, le cuestan a Honduras aproximadamente 87 millones de Lempiras mensuales. 



Estos costos incluyen horarios de operación limitados, interrupciones en la cadena de suministro, daños a equipos y pérdida de materias primas, lo que crea un entorno desfavorable para los negocios.



Sin embargo, no solo los sectores productivos ha sido los afectados por esta política. Los apagones tienen un efecto directo sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Los racionamientos de energía afectan la calidad de vida de las personas, ya que, a causa de los cortes de energía en sus hogares, se queman electrodomésticos o se descomponen los alimentos refrigerados.



Para abordar el principal desafío que enfrenta el desarrollo de Honduras, es esencial fomentar la confianza entre los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Esto requiere un compromiso firme con la seguridad jurídica y el respeto a los contratos establecidos.



Además, es crucial contar con reguladores independientes y trabajar en la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas para asegurar la estabilidad financiera de las empresas estatales y garantizar las inversiones necesarias en la red de transmisión y transporte de energía en el país. 



Sin embargo, el factor más determinante es la voluntad política de reconocer y valorar al sector privado como un socio clave en el camino hacia el desarrollo y la prosperidad de Honduras.