En el escenario político actual comienzan a acomodarse las piezas de lo que sería el llamado a una consulta popular para instalar la Asamblea Nacional Constituyente.
Tal es lo que han interpretado politólogos con base en dos situaciones concretas: la crisis generada por la juramentación de dos juntas directivas del Poder Legislativo y la aprobación, sanción y publicación de un decreto de amnistía política.
La convocatoria a una Constituyente es una propuesta que han comenzado a mencionar de manera más articulada los funcionarios de la actual administración gubernamental.
La ex consejera electoral y ahora ministra de Finanzas, Rixi Moncada, ha declarado abiertamente que las rupturas de orden democrático como la sucedida en 2009 sólo pueden ser revertidas mediante la firma de un nuevo pacto para que los hondureños se pongan de acuerdo. Es la única manera de restablecer el orden genuino, ha reafirmado la funcionaria.
En sus declaraciones, Moncada ha esgrimido que, a los servidores públicos del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, en el período 2006-2009, les fabricaron delitos de corrupción después del Golpe de Estado. Las acciones de toda naturaleza, civil o administrativa, fueron “enmascaradas”.
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Y cuando se da una ruptura como la del 28 de junio de 2009, con participación directa de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, el resultado es la destrucción del Estado y la vía para restaurar el daño causado es obtener la opinión popular, ha significado la ex miembro del Gabinete del Poder Ciudadano entre 2006 y 2009.
¿En qué se fundamenta su opinión? En el hecho que “los hondureños debemos hablar del debido proceso y del Estado constitucional de defensa”.
Los líderes y dirigentes de Libre han comenzado a exponer con más claridad su discurso concordante con la consulta popular, pese a que el propio coordinador de Libertad y Refundación y destituido presidente había afirmado en noviembre de 2021 que no veía factible una Asamblea en el escenario político.
En aquella fecha, próxima a los comicios que favorecieron a la entonces candidata Xiomara Castro, el ex gobernante Zelaya Rosales aseveró que “Las Fuerzas Armadas no aceptarían una Constituyente, porque Los Estados Unidos la ve como un peligro y muchos sectores del país la toman como una amenaza”.
Conocedores de las ciencias jurídicas y sociales concluyen que el comportamiento de la clase política sólo demuestra su interés por resquebrajar el orden constitucional y que su consigna es hacer realidad la Constituyente.
¿Nos conduciría una Asamblea Nacional a “armar de nuevo el Estado de Honduras o son “cantos de sirena” de los grupos que desde hace más de una década han proclamado la necesidad de “refundar” al país?
Porque pensar en una nueva Honduras es llegar a un consenso para fortalecer el Estado de Derecho, darle efectividad a la democracia y construir una visión de país que haga posible batallar contra la pobreza, la desigualdad social, el retraso económico, la corrupción y la impunidad.
Que los hechos del pasado, de la crisis política de 2009, no se repitan a causa de una aventurada cruzada por una Asamblea Nacional Constituyente que seguramente nos llevará a una mayor anarquía.
