El Ministerio Público ejecuta este martes el segundo día de la Operación Atlántico, enfocada en la privación de dominio de bienes de origen ilícito ligadas al narcotráfico entre Colombia y Honduras. Como parte de las acciones, las autoridades han asegurado un total de 28 inmuebles, 65 vehículos, cinco sociedades mercantiles y dos embarcaciones en los departamentos de Atlántida, Islas de la Bahía y Cortés, en la zona norte de Honduras. Los operativos están dirigidos por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Dirección de Información Estratégica C2, la Fuerza Naval, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII). Capturan a supuesto líder criminal en Roatán Como parte de esta operación, el lunes se realizaron ocho allanamientos. Durante uno de ellos, en la colonia Santa María de Roatán, se capturó a Guillermo Cubas Castillo, señalado como uno de los supuestos líderes de la estructura criminal. El detenido fue trasladado a la capital, Tegucigalpa, con apoyo de la Fuerza Aérea Hondureña, y este martes enfrenta la audiencia de declaración de imputado. Red de narcotráfico operaba vía marítima De acuerdo con el, MP, las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) revelan que la organización criminal se dedica al tráfico de drogas, introduciendo y transportando grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína a Honduras. La droga ingresaba por vía marítima desde Colombia, siendo recibida en Gracias a Dios e Islas de la Bahía. Con estos aseguramientos, el Ministerio Público refuerza su estrategia para combatir el crimen organizado, desarticulando redes de narcotráfico y debilitando sus estructuras financieras, según señala el ente en un comunicado. Tráfico de drogas en Honduras se castiga con hasta 20 años de prisión El Código Penal de Honduras, en sus artículos 311 y 312, establece que el tráfico de drogas es un delito grave que puede ser castigado con hasta 20 años de prisión. Las penas varían según la cantidad y el tipo de sustancia decomisada, así como el grado de participación del acusado en la red de narcotráfico. Además de la prisión, los responsables pueden enfrentar el decomiso de bienes y cuentas bancarias, como parte de las medidas para frenar el financiamiento de estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.