El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional confirmaron durante la tade martes la captura de un sospechoso vinculado al asesinato del ambientalista Carlos Antonio Luna López, crimen ocurrido hace 28 años en Catacamas, Olancho.
El detenido fue identificado como Italo Iván Lemus Santos, de 53 años, quien enfrenta una acusación por el delito de asesinato en perjuicio del reconocido defensor ambiental.
A más de 2 décadas del hecho violento que estremeció a Honduras, volvió a resurgir como fue la manera en que el ambientalista perdió la vida por alzar su voz y defender el medio ambiente.
Operativo en Catacamas
La captura se ejecutó mediante un operativo de alto impacto realizado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Según las autoridades, el sospechoso fue requerido en Catacamas, Olancho, municipio del que es originario.
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Tras su detención, las autoridades lo trasladaron a una estación policial de la zona para continuar con el procedimiento legal y posteriormente remitirlo ante los juzgados competentes.
¿Quién fue Carlos Antonio Luna López?
Carlos Antonio Luna López fue un ingeniero agrónomo, político y reconocido defensor del medio ambiente en Honduras.
Durante la década de los noventa destacó por sus denuncias contra la tala ilegal y la explotación indiscriminada de los bosques en Olancho. Esta lucha que lo convirtió en una de las voces ambientalistas más reconocidas del país.
Al momento de su asesinato, Luna López se desempeñaba como regidor municipal de la Alcaldía de Catacamas. Además era coordinador general de la Comisión Municipal de Medio Ambiente.
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Además, había sido candidato a alcalde de Catacamas, sobresaliendo por su compromiso con las causas ambientales y sociales.
Un crimen que marcó a Honduras
El crimen ocurrió el 18 de mayo de 1998, cuando atacaron a disparos a Carlos Luna tras salir de una reunión de corporación municipal en Catacamas.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el ambientalista había recibido múltiples amenazas debido a sus denuncias relacionadas con actividades madereras ilegales en la zona.
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El asesinato generó conmoción nacional y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de Honduras en materia de derechos humanos y protección ambiental.
El proceso incluso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este, posteriormente el Estado de Honduras reconoció responsabilidad internacional por la falta de protección hacia la víctima y las deficiencias en la investigación del crimen.
